“Limpieza de instalaciones” de la UTE Rionegro (Copcisa-San Gregorio), con esa denominación se recogen en albaranes varios trabajos y obras realizadas por empleados la adjudicataria del Ministerio de Fomento en propiedades o viviendas particulares de sus funcionarios en Zamora, declaró uno de los investigadores del caso de la sal en el juicio de la Audiencia Provincial.
El agente concretó que en el “el desfalco al Ministerio” se encuentra en la ejecución de un baño completo en la vivienda del que era uno de los vigilantes en la red viaria del sector Sanabria-La Carballeda, de iniciales P.F.N., juzgado estos días por el delito de apropiación indebida o de malversación de caudales públicos por la Fiscalía Provincial y el Abogado del Estado.
Ese trabajo “nunca se facturó”, como tampoco el resto, desde desbroces a renovación de pavimentos, porque no les correspondía a la UTE. Respecto de la sustitución del baño por ducha con alicatado y restitución completa del cuarto, “no cabe interpretación”, se mostró categórico el agente de la Comandancia de Zamora.
“El pliego de condiciones de la adjudicación del servicio” a Copcisa-San Gregorio “no incluye la vivienda del vigilante que era del Ministerio cuando hicimos la investigación”, contestó ante la insistencia del abogado del procesado. La casa “no depende ni está adscrita a la UTE” como consecuencia del contrato con Fomento.
De modo que Copcisa-San Gregorio no tiene por qué realizar esas obras que se prolongaron “durante 3 o 4 días, no era el arreglo de una avería según los propios trabajadores. No hay ningún documento que permita sustituir un baño completo. Los elementos que se emplean en la ducha se certifican al Ministerio como si fueran trabajos de la UTE”, según el guardia civil.
Cuando el contrato con la Administración del Estado habla de mantenimiento “se refiere a las instalaciones en las que opera la UTE en Rionegro, “no daba lugar a error”, replicó a preguntas del abogado del vigilante de la Unidad de Carreteras de Zamora.
Respecto del posible fraude de sal, aseveró que la UTE “conocía el desfase que existía entre la que llegaba a Puebla de Sanabria y los albaranes, se lo dijo la secretaria” de la concesionaria, se trabajaba sobre copias y se alteraba la cantidad que se servía realmente” al Ministerio.
Desaparición de imágenes de los túneles donde apilaban las biondas
La Guardia Civil no pudo visionar la imágenes de las cámaras instaladas en los túneles de Padornelo, donde los empleados de la UTE Copcisa-Grupo San Gregorio indicaron que se apilaban las biondas y postes de más de un metro de alto retirados, más de 100 toneladas, según Hacienda.
Esas grabaciones desaparecidas resultaban importantes para la policía judicial, ya que los trabajadores apuntaban a esa zona del centro de conservación como el lugar donde se acumulaban o apilaban la chatarra, las barreras y postes desechados por la UTE.
“Tratamos de buscar la grabación de las cámaras”, indicó el guardia civil, pero tuvieron que conformarse con el testimonio de trabajadores de Copcisa-San Gregorio en Rionegro del Puente y de las chatarrerías. Las empresas que compraron “con sobres, en metálico” biondas y postes confirmaron en el juicio que cargaban en los túneles.
Los agentes seguían el rastro de toneladas de biondas levantadas en 30 kilómetros de la N-525 un año después de renovadas por el Ministerio. Responsables y personal de la UTE y funcionarios investigados justifican la obra para seguridad de motoristas.
Fomento y Agencia Tributaria en su informe replican que el material era del Ministerio, debía revertir y reutilizarse en la red viaria estatal. “La UTE no podía venderlo”. El mismo criterio defiende el guardia que apuntó como intermediarios en la venta a la ingeniera de Copcisa-San Gregorio R.M.I. y al funcionario S.S.S., quienes han admitido la ilegalidad.
Multa de 300 euros y arresto para un testigo por no ir al juicio
El Abogado del Estado ha tenido que posponer la declaración del empleado de la UTE Copcisa-San Gregorio que denunció irregularidades en la gestión del centro de conservación y explotación de Rionegro. A.V., al no presentarse a la hora estipulada por el Tribunal provincial para que testificara en el juicio.
Se trata de uno de los trabajadores que denunció ante el entonces fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega Irañeta, que abrió las diligencias del fraude detectado después por la Agencia Tributaria e investigado por la Guardia Civil bajo la dirección de la jueza de Puebla de Sanabria, Patricia Marqués Fernández.
El trabajador se enfrenta a una multa de 300 euros advirtió la magistrada que preside la sala de la Audiencia que juzga el caso de la sal, quien ordenó su localización y detención para asegurar su asistencia al juicio.
