La Opinión de Zamora

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Caso de la sal | Juicio en la Audiencia por delitos de corrupción y fraude a Fomento

Caso de la sal en Zamora | Hacienda descubrió un fraude en 300 toneladas de sal y biondas en Rionegro

La Agencia Tributaria halló el “desfalco” al investigar la contabilidad de la UTE y comprobar que no había facturas de los albaranes de las compras

Uno de los guardias civiles que investigó el caso de la sal testifica en el juico en la Audiencia. S. A.

“La Agencia Tributaria descubre anomalías en la gestión de 200 toneladas de sal servidas por la empresa Edype y en 100 de biondas” desparecidas, sin registro de acopio, ha declarado esta mañana un guarida civil en el juicio del caso de la sal que celebra la Audiencia de Zamora por delitos de corrupción y fraude al Ministerio de Fomento en la conservación y el mantenimiento de carreteras de la UTE de Rionegro (Copcisa-San Gregorio) en Sanabria.

El cotejo de albaranes de esas cantidades de sal y biondas con las facturas fue imposible porque estas últimas no existían, según ha precisado este instructor de las diligencias, es fue la clave para formular la acusación de la estafa, el fraude, el cohecho y la apropiación indebida que la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado imputan a 8 funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora y empleados de la UTE.

Hacienda entra a investigar a petición de la Fiscalía, a instancias de la policía judicial para que analice la contabilidad de la concesionaria. El informe de la Agencia Tributaria concluye que existen “desfalco” y “fraude” en la gestión de la obra, que estaba a cargo del jefe de conservación y explotación de la UTE, de iniciales E.J.R.G., procesado que ya ha admitido estafa, fraude, cohecho y apropiación indebida, por los que se le condena prisión.

Este trabajador que crea la empresa Edype que surte a la adjudicataria del Ministerio en la campaña invernal de 2007-2008 de fundente de secaderos de bacalao de Portugal era uno de los hombres de confianza de Copcisa-San Gregorio y del ingeniero jefe de la Unidad de Carreteras, R.T.R., imputado y condenado también a prisión.

El informe de Hacienda y las pruebas obtenidas por la Guardia Civil cimentan la acusación pública y el testigo asegura que “en la UTE nunca se documentan los albaranes” firmados por personal de Copcisa-San Gregorio, según las diligencias, con facturas en las que se recojan las ventas de la sal a Edype, cuyo dueño y procesado de iniciales D.M.H. se enfrenta a 6 años de cárcel. Tampoco existen recibos de las biondas enajenadas y adquiridas por chatarrerías, por lo que se habría establecido una trama para el reparto de beneficios entre los imputados.

Los ingresos de la barreras “no van al Ministerio y este material tampoco se reutilizan” en la red viaria. Así lo exigía el contrato con la UTE, agregó el instructor, que apunta “al vigilante” de Fomento en el centro de conservación de carreteras de Rionegro del Puente como la persona que “firma los albaranes”. Se trata del funcionario al que juzga la Audiencia, P.F.N., y al que Fiscalía y Abogado del Estado exigen entre 2 y 4 años de cárcel, acusado de apropiarse de dinero del material vendido; o de malversación de caudales públicos.

En esos documentos “no figuraba ni el DNI de la persona que recogían el material ni la matrícula de los camiones”, puntualiza, como llegó a afirmar el dueño de una de esas empresa. El agente indicó que las tres empresas de desgüaces, dos de ellas de Palencia y de La Bañeza, “han ido decenas de veces” a Rionegro a comprar, ha agregado el guardia.

Un afirmación que se basó en testimonios de obreros de la UTE durante el periodo de investigación, que “reconocen perfectamente los camiones” que cargaban las barreras. El instructor, junto a sus compañeros de la policía judicial de la Comandancia de Zamora, inspeccionó las chatarrerías, “vimos allí en perfecto estado las biondas y las fotografiamos”, la prueba está documentada, ha puntualizado en esta séptima jornada del juicio, del 9 de noviembre.

El deber de controlar y gestionar los elementos metálicos

La responsabilidad de “controlar y gestionar los efectos del Ministerio”, biondas y chatarra del centro de conservación de carreteras era del imputado y vigilante de Fomento al que juzga desde el día 17 de octubre la Audiencia.

El agente de la Comandancia se refería en esos términos a las funciones del empleado de Fomento P.F.N., tras estudiar el contenido del contrato de la UTE Rionegro e investigar delitos de corrupción junto a la Fiscalía. Ha apuntado a otros dos competentes en esa tarea: el técnico encargado por Fomento de ese sector ZA-4, el funcionario de iniciales S.S.S.; y a R.M.I., ingeniera de la UTE Copcisa-San Gregorio.

El primero admitió haber cometido fraude, cohecho y apropiación indebida, lo que le costará 2 años de cárcel; 6 de inhabilitación y uno de suspensión de empleo y sueldo. La técnica de la UTE, que también reconoció la apropiación de 35.000 euros de la venta de biondas, que está obligada a reintegrar al Ministerio, pagará una multa de 360 euros.

“La sal de bacaladeras no era apta para el deshielo de las vías por las impurezas”

La sal que se adquirió a las bacaladeras de Portugal “no era acta para echarla en las carreteras por las impurezas que tenía, no por su calidad, sino por las escamas, por los restos de pescado”. Unas impurezas que la Guardia Civil afirma haber comprobado al reunir testimonio sobre ese aspecto y cotejar las averías por atasque de las máquinas quitanieves, a la que la UTE Copcisa-San Gregorio se ve obligada a colocar dos filtros, así como en la planta de salmuela, que se ve afectada.

El guardia civil que participó en la investigación sostiene que el fundente que se usó en el periodo investigado “hace el efecto contrario en las carreteras” al que tiene por objeto su utilización, que no es otro que el de contribuir a deshacer el hielo y la nieve acumulada en los meses de invierno en la zona de la provincia donde más nieva.

El instructor ha especificado que hasta el año 2006 el Ministerio tenía contratado el suministro de sal con empresas que traían sal de mina, de buena calidad, y que es a partir de 2007, de octubre, cuando la empresa Transportes Castellanos Edype, creada por el jefe de conservación y explotación de la UTE Rionegro y dos de sus primos, uno de ellos funcionario de Fomento, “contrata el abastecimiento con un secadero de bacalao de Aveiro”.

Esa compra de sal con “dinero del Ministerio, que es quien paga la contrata”, ha subrayado el agente, se prolonga hasta octubre de 2008. El informe de la Guardia Civil concluye que no se valorizaba la sal, es decir, que no se limpiaba de restos, entre los que llegó a localizare maderas, sino que se tiraba al asfalto sin más.

La abogada al guardia civil: “No puede venir a inventarse el atestado”

La presidenta de la sala de la Audiencia que juzga a dos de los imputados en el caso de la sal ha tenido que intervenir en más de media docena de ocasiones para reconducir el tono y el contenido de las presuntas formuladas por los abogados de la defensa al Guardia Civil que prestó declaración sobre las pesquisas.

En una vista especialmente tensa para el integrante de la policía judicial por lo que se convirtió en un duro interrogatorio al testigo, la abogada del vigilante, ante las continuas llamadas al orden de la magistrada ha llegado a espetar que “lo que no se puede es venir aquí” -en referencia al juicios- “a inventarse el atestado”.

La jueza acababa de reiterarle a la letrada que dejara explicarse al testigo y evitar así “pisarle” con sus preguntas. La conminó a que no formulara preguntas que contenían conclusiones, “déjelo para su informe final”, le vino a decir. El guardia que participó en los registros de las delegaciones del Ministerio en Zamora y de las sedes de la UTE fue el único que testificó aunque Fiscalía había llamado a declarar a los otros tres.

TODO LA INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO DEL CASO DE LA SAL EN LA AUDIENCIA DE ZAMORA

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