“Las biondas y la chatarra que se retiran de la red viaria del Estado en Zamora son propiedad del Ministerio de Fomento, que las saca a subasta”, explicó el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León en el juicio de la Audiencia de Zamora por delitos de corrupción, el caso de la sal.
Esos elementos metálicos solo podrían venderse si así lo recogiera el pliego de condiciones de adjudicación de la conservación y mantenimiento de esas vías públicas, lo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que no ocurría en la contrata con la UTE Rionegro (Copcisa-San Gregorio) del sector ZA-4 Sanabria-La Carballeda.
El jefe de Demarcación del Ministerio así lo confirmó en la vista oral contra un funcionario y vigilante en el Centro de Conservación de Carreteras de Rionegro del Puente, de iniciales P.F.N.; y contra el propietario de la empresa Transportes Castellanos Edypa que suministraba la sal para las campañas de invernales en esa zona.
El alto funcionario manifestó que las biondas y los postes de sujeción que se retiran de la red varia “pueden ser reutilizables”, una práctica común cuando se precisa realizar una intervención urgente tras un accidente de tráfico u otro imprevisto.
Unos 30 kilómetros de biondas de la N-525
En este juicio se trata de determinar si empleados de la UTE, en connivencia con funcionarios, vendieron en beneficio propio quitamiedos y otros elementos metálicos retirados de la A-52 y de la N-525 (y no la N-VI, como se ha publicado por error) a lo largo de 30 kilómetros de recorrido, propiedad del Ministerio según el alto funcionario de Carreteras. Dato este último que también ratificó en la vista oral el testigo Carlos López Díaz, nombrado jefe de la Unidad de Carreteras de Zamora tras iniciarse la investigación judicial en 2012 que implicaba a su predecesor en el cargo, Esteban Marino, también imputado por cohecho impropio, delito que admitió haber cometido la primera jornada del juicio, por lo que se le condena a
El dinero obtenido de una chatarrería de La Bañeza se destinaría a organizar meriendas entre los trabajadores de la UTE, en connivencia con el funionarios y funcionarias de la Unidad de Carreteras, como aseguran algunos testigos y sostiene el Ministerio Público y el Abogado del Estado.
Ese es el delito de apropiación indebida o malversación de caudales públicos en el que está imputado P.F.N., uno de los empleados públicos imputados, que ejercía labores de vigilancia y “el que establecía las funciones” de los trabajadores del Centro de Rionegro, especificó el jefe de la Demarcación. El funcionario P.F.N. se enfrenta a 2 o 4 años de prisión.
El jefe de Demarcación declaró que “tiene que abrirse una contrata de chatarra” por parte del Ministerio para deshacerse de la misma. En caso de duda, la dirección de obra es la que interpreta el pliego, le aclaró al abogado del vigilante, al que reiteró que “nunca pueden considerarse los quitamiedos y chatarra de la red viaria estatal propiedad de la UTE”. Respecto de la Orden Ministerial de 1987 sobre limpieza de escombros en carreteras, mencionada por el letrado, el jefe de Demarcación puntualizó que “se refiere a señalización de obras y su retirada, no tiene nada que ver con barreras metálicas”.
El baño del vigilante
La renovación del baño de la vivienda de peón caminero de este empleado de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora por empleados de la UTE en horario laboral es otro de los delitos por los que se le juzga al entender que la casa, titularidad del Ministerio, no está incluida en el pliego de condiciones de la contrata como parte de las instalaciones que deben ser mantenidas por la contrata.
El responsable de la Demarcación nombrado en junio de 2010 declaró que las casas de Fomento “no vienen” en el pliego de condiciones, frente a la tesis del abogado del funcionario. Y en caso de que precisen ser reparadas, “hay que pedir un crédito al Ministerio de Fomento, no lo hace directamente la dirección del Contrato”, la UTE.
El jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora que sustituyó al imputado en el caso y ya condenado Esteban Marino, confirmó que esas casas en Sanabria “pertenecen al Área de Conservación, no eran de uso del contrato” y que la UTE “no tenía obligación de velar por su conservación. Son del Ministerio”.
La posible desaparición de documentos de la contrata
El jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado desconocía las posibles ilegalidades en la gestión en la gestión de la conservación y mantenimiento de carreteras en la zona, ni siquiera cuando se la jueza de Puebla de Sanabria ordena el registro en las dependencias del Ministerio en Valladolid “sabíamos qué materia” se estaba investigando. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en el Centro de Conservación de Carreteras de Rionegro desaparece documentación que frenó el alcance de las pesquisas de la Guardia Civil y del Juzgado. Esta es una de las cuestiones que se ha venido repitiendo en el juicio celebrado en la Audiencia desde hace dos semanas, cuestión que explicaría por qué el montante de la presunta estafa o fraude al Ministerio no excede los 290.721 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.
