“Se duplicaban albaranes para meter más toneladas de sal,” y también “había más facturas del fundente de la cantidad que entraba realmente”, especificó ayer la auxiliar administrativo de la UTE Rionegro (integrada por Contratas y Obras Públicas San Gregorio y Copcisa S.A.), versión que corroboraron otros testigos en la tercera jornada del juicio del caso de la sal en el que la Audiencia Provincial juzga delitos de corrupción en el servicio de conservación y mantenimiento de la red viaria nacional del sector ZA-4 Sanabria-La Carballeda.
Una práctica con la que se estafaron al Estado más de 290.000 euros, un sistema de trabajo que corroboraron ayer otros trabajadores de la UTE Rionegro.
La auxiliar, que trabajó en la UTE entre 2007 y 2011, periodo en el que está en entredicho la gestión, era la persona encargada de “juntar las facturas con los albaranes que venían para Transportes Castellanos Edype”, la empresa de uno de los imputados a los que se está juzgando, de iniciales D.M.H., al que se piden 6 años de cárcel por un delito de estaba a la Unidad Provincial de Carreteras del Ministerio de Fomento en Zamora.
La trabajadora, a preguntas de la abogada del vigilante y funcionario de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora, P.F.N., que se enfrenta a 2 años de cárcel por apropiación indebida o a 4 por malversación de caudales públicos, justificó sus afirmaciones porque “tenía acceso a albaranes archivados y por eso veía los duplicados”, reiteró que la irregularidad detectada con Edype era que llegaba a Zamora “menos sal y menos calidad”.
Se trata de la sociedad que D. H. F. creó con su primo, quien es el jefe de conservación y explotación de la UTE, E.J.R.G., que será condenado a 4 años y tres meses de prisión por estafa; fraude; cohecho y apropiación indebida. Además, será inhabilitado para empleo o cargo público por 6 años; se le suspenderá de empleo y sueldo por un año.
La sentencia que dictará la Audiencia, tras el acuerdo alcanzado con seis acusados de delitos de corrupción, recogerá que este imputado deberá pagar 45.000 euros de multa por los beneficios obtenidos con los delitos cometidos, cantidad de la que responderán las empresas de la UTE si no lo hace E.J.R.G., quien era el superior de la auxiliar administrativo. La trabajadora concretó que “los albaranes los firmaban los operarios de la UTE, pero la factura del transporte de la sal no tenía por qué venir firmada”.
Las espinas de bacalao
Si un camión podía albergar 32.000 kilos de sal, a Zamora llegaba con 16.000 o menos, mantuvo otro de los trabajadores de la UTE, quien aseguró que desde que Edype comenzó a trabajar para Fomento “era sal de secaderos” de bacalao, no de minas.
Este testigo de la Fiscalía negó que la humedad del fundente pudiera explicar la pérdida de tanto volumen durante el transporte, “sería tener mucha”. Contó cómo en una ocasión se quedaron sin sal para echar en las carreteras durante una campaña de invierno, “llamé y me dijeron “ahora van dos camiones”, llegó uno y vacío a las 2.00 horas". El último en declarar en el juicio apuntó que “de las máquinas de salmuera salían pieles” de pescado.
Varios empleados de la empresa adjudicataria de Carreteras corroboraron que el fundente “venía con espinas, escamas, eso lo vi yo, los restos de pescado los sacaba yo con la mano porque provocaba atasques en las máquinas”.
Obras de la UTE a Fomento
Los trabajadores de la UTE Rinegro realizaban alguna obra en dependencias del Ministerio de Fomento. Y “se pasaban facturas” a ese organismo, declaró la auxiliar administrativo de la contrata, que desconoce si se certificaban esos trabajo.
Sin embargo, sí “se cambiaban los partes” para justificar las horas de jornada empleadas esas tareas como si fueran propias de la adjudicataria de Carreteras como “limpieza u otras cosas, en lugar de lo que hacían realmente”.
La trabajadora nunca vio la factura del cuarto de baño de la casa de Puebla del vigilante del Ministerio, el imputado P.F.N., para quien la Fiscalía pide cárcel e inhabilitación de empleo o cargo público durante 10 años por prevaricación.
Mientras el abogado de la defensa mantiene que fue el arreglo de una avería y que la casa es del Ministerio, empleados de la contrata testificaron que se quitó una bañera, se colocó una ducha y se reformó el baño entero en presencia del vigilante que “supervisaba la obra”, cuyo material ya se hallaba en la vivienda.
Las biondas que no se inventariaban
Otro de los trabajadores que denunció irregularidades puntualizó que las biondas de la A-52 y la N-VI retiradas eran utilizables, y otros indicaron que se vendieron. La auxiliar sostiene que “no se inventariaban las retiradas” y que el dinero de la venta de chatarra debía ir al Ministerio, “facturas que no se entregaron, ni se realizó ninguna”. Si bien el abogado de P.F.N. mantiene que son propiedad de la UTE, en contra del criterio de la Fiscalía.
