“Si me regalan la sal” en las bacaladeras de Portugal, “yo no puedo facturar porque, entonces, Hacienda me cruje”, manifestó ayer uno de los fundadores y propietarios de la empresa Transportes Castellanos Edype, el imputado en el denominado “caso de la sal” durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora, de iniciales D.M.H., procesado por el delito de estafa al Ministerio de Fomento tras cobrar entre 35.000 y 45.000 euros por el fundente “de mala calidad por ser de desecho” , según la Fiscalía de Zamora, entregado a la UTE Rionegro, adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras de Sanabria-La Carbellada, adjudataria del Ministerio de Fomento. Solo existen albaranes, no certificaciones, según la fiscal.
A preguntas del Ministerio Público, que mantiene la petición de 6 años de prisión para este procesado, multa de 7.200 euros y 110.000 euros de indemnización, al igual que el Abogado del Estado, el procesado admitió ante las tres magistradas que forman el Tribunal que “los albaranes de la sal procedente de Portugal no se corresponden con las facturas porque yo no la compré”, “nos la regalaban en las bacaladeras de Aveiro y El Algarve y la vendíamos a 54 o 55 euros por tonelada” a la UTE, es decir, al mismo precio estipulado por las empresas que comercializan el fundente obtenido en minas.
Agencia Tributaria: se facturaba más sal de la entregada
Mientras negaba que facturase más sal de la que entregaba en los silos de Fomento, como sostiene la Agencia Tributaria en su informe, “se facturaba más fundente de lo que entregaban", Edype "certificaba más sal de la que llegaran a entregar en base a los albaranes”. El imputado negó la mayor.
Aclaró a la fiscal que “yo no regalaba la sal”, aunque a su empresa no le costara recogerla porque era de desecho “porque existe un coste de transporte, del cribado, de las nóminas, accidentes de camioneros...”, gastos que dejaban a Edype “un margen de beneficio del 5%”.
En el aire dejó la pregunta de la fiscal sobre si “el fraude o beneficio obtenido por la empresa se corroboraba en las facturas”, su abogada cortó en seco a su cliente e imputado por estafar con la venta de toneladas de sal a la UTE y, por ende, al Ministerio de Fomento que pagaba a Rionegro, de acuerdo con la acusación de Fiscalía y el Abogado del Estado.
El empresario D.M.H. tampoco respondió a si “corroboraba las facturas en las que había un beneficio para usted”. Sí manifestó que “el beneficio estaba en el transporte” del fundente y que algunos albaranes no detallada ni la matrícula de los camiones, ni los kilos de sal y el puesto porque “a veces, los conductores andan con las prisas y ni se ponen”, como recoge un informe de la Agencia Tributaria que recuerda la obligatoriedad de cumplir con esos requisitos. Tampoco fue capaz de determinar si la numeración de los albaranes que se entregaban eran correlativos cuando la acusación pública le interrogó al respecto.
El acusado detalló que los camiones de sal no se pesaban en destino, sino en el lugar de carga, y ante la pregunta de la fiscal sobre si llegaban con menos cantidad a los silos justificó que puede recogerse con más o menos humedad, lo que explica que haya un mayor volumen en el lugar donde se recoge y menos al llegar al destino: porque se seca.
Admitió, asimismo, que “algo de restos de bacalao pudo haber en la sal, pero en casos muy puntuales”, frente a la tesis de la Fiscalía que había averías frecuentes en las máquinas quitanieves, atasques a causa de las espinas y cabezas del pescado que contenía la sal.
El vigilante, exculpado de cohecho, pero imputado por malversación
El vigilante de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, P.F.N., 45 años como funcionario, se enfrenta desde ayer a 2 años de cárcel por apropiación indebida, delito relacionado con la venta de biondas de la A-52 y la N-VI; o a 4 años si la Audiencia estima que incurrió en malversación de caudales públicos.
La fiscal pide a la Audiencia que le inhabilite por 10 años para empleo o cargo público por prevaricación. El funcionario habría admitido en sus primeras declaraciones que participó de meriendas y fiestas organizadas con el dinero de la venta de chatarra y biondas que se retiraban de las carreteras, cantidades que debían entregarse a la Unidad de Carreteras. Ayer negó estos hechos a preguntas de la fiscal.
El abogado del imputado, Antonio Rodríguez, sostuvo que la retirada del cohecho “demuestra que la Fiscalía ni se había leído los escritos de defensa porque yo ya dije que no se le podía acusar, pues en el relato de hechos ni se le cita”, lo que se achaca desde fuentes judiciales a un error de redacción que no implicaría que no recibiera regalos.
Sobre las obras del baño en la casa del Ministerio en la que vive, realizadas por la UTE, el vigilante negó que lo hubiera ordenado él y dijo que le comentó el problema a su superior. Admitió que había órdenes del condenado e ingeniero jefe R.T.R. de retirar las biondas de las carreteras, pero no sabe quién controlaba la recepción de los sobres con el dinero de la compraba del material. Y aseguró que no se pesaban todos los camiones de sal.
