La Opinión de Zamora

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Casi 20.000 pensiones están por debajo del umbral de la pobreza en Zamora

Un informe sobre exclusión post COVID elaborado al abrigo del Consejo Económico y Social apunta a la crítica situación de las mujeres viudas

Dos personas aguardan en una entidad de crédito para ser atendidas. | Ana Burrieza

Casi 20.000 pensiones que se cobran en la provincia se encuentran bajo el umbral de la pobreza, marcado en 681 euros. Esta es la dramática situación de cuatro de cada diez zamoranos que, a menudo, tienen esta paga como único ingreso y, por lo tanto, su situación económica depende de decisiones políticas y no de su esfuerzo personal. De ellos, existe un 14% que supera los umbrales de la pobreza severa, que son menos de 454 euros al mes en 14 pagas.

Una mujer camina por el centro urbano de Villanueva de las Peras. | Emilio Fraile

Los datos los aporta el informe “El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León post COVID-19”, un documento elaborado por el la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en colaboración con el Consejo Económico y Social que acaba de ver la luz. En él, se pone de manifiesto que la pandemia ha supuesto un mazazo para las personas más vulnerables del territorio, que han visto cómo sus oportunidades de ganar en calidad de vida han mermado tras dos años de crisis sanitaria.

El informe presenta a los pensionistas de la provincia de Zamora como los que sufren la situación más preocupante de toda la comunidad autónoma. Que eran los que recibían las pagas más bajas ya se conocía, pero no que éstas estuvieran, en buena parte, por debajo de los umbrales de la pobreza. Los números apuntan a la existencia de un 39,8% de pensiones menores a los 681 euros en 14 pagas que marca ese estatus de pobreza. Teniendo en cuenta que en este territorio conviven algo más de 47.000 pensionistas, se trata de casi 20.000 personas que apenas subsisten con ese dinero.

Los casos más complicados

La situación se complica en el caso de ser mujer y viuda. De acuerdo con los datos que se citan en el informe, el 49% de las pensiones de viudedad, la inmensa mayoría correspondientes a mujeres, tienen un importe inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Y mayor es el porcentaje de las pensiones de orfandad; aunque menores en número, la realidad es que el 73% no superan los 681 euros. En el análisis exclusivamente de género, casi la mitad de las mujeres (48%) perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Los hombres, sin embargo, sufren esta situación en un porcentaje del 21%. Diferencias similares se registran entre las pensiones inferiores al umbral de pobreza severa, con 21% para mujeres y 8% para hombres.

Todos estos datos muestran la importancia de las pensiones en la generación de pobreza en Castilla y León. En este sentido, el porcentaje de pensiones con importe por debajo del umbral de pobreza es 1,2 puntos porcentuales más bajo que el registrado para el conjunto del territorio nacional, que es del 35,5% del total de prestaciones. Para el caso de las pensiones por debajo del umbral de pobreza severa, las diferencias con respecto a la media nacional son muy pequeñas, en el entorno de 1 punto porcentual 15,3%, según los datos aportados en el informe sobre pobreza y exclusión social recientemente presentado a nivel autonómico.

La situación precaria se ha instalado más en pueblos que en ciudades

La pobreza después de la crisis sanitaria del coronavirus se ha instalado más en las zonas rurales que en las urbanas, tal y como se desprende del informe “El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León post COVID-19” elaborado por el la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en colaboración con el Consejo Económico y Social. En los dos últimos años, en los que la situación general ha vuelto a empeorar, las diferencias parecen reducirse otra vez por el incremento de la pobreza en áreas urbanas. Para este año, la tasa de pobreza de las zonas rurales de la región es del 20,9% y de las urbanas del 16,1%. En términos globales, la crisis del COVID-19 ha dejado a 77.000 personas más en riesgo de pobreza y exclusión en el conjunto de Castilla y León.

La tasa Arope, que es el indicador utilizado en el ámbito de la Unión Europea que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y combina la renta con las posibilidades de consumo y el empleo, se ha incrementado en el último año en 3,7 puntos. Esto quiere decir que el 23% de la población en la comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y exclusión. Pero, además, el 17% está en situación de pobreza económica y un 8,6% en riesgo de pobreza severa. Si hubiera que poner rostro a estos afectados, sería el de una mujer joven en situación precaria y, muy probablemente, residente en el medio rural. Esa es ahora la realidad de la pobreza en el territorio.

El gasto en vivienda, un lastre para salir del pozo

Una de las cuestiones estructurales más importantes en la generación de pobreza es la intensidad del gasto que deben afrontar las familias para cumplir con sus necesidades de vivienda. En Castilla y León, el 6,7% de la población tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible, sin embargo, entre las personas pobres la cifra se multiplica por 5 y alcanza al 35,3%. Estas cifras siempre habían sido muy elevadas, pero venían registrando una tendencia descendente desde 2015. En este último ejercicio, sin embargo, la tendencia se ha roto y las cifras se han elevado hasta los niveles del año 2013, tanto para las personas pobres como entre la población total en su conjunto.

En términos concretos, de 2020 a 2021 creció 11,1 puntos para las personas en riesgo de pobreza y 2,4 puntos para la población total, es decir, un incremento del 45,7% y del 54,8% respectivamente. Además, debe destacarse que el 29,2% de las personas pobres gasta en vivienda más de la mitad de su renta. Para la totalidad de la población castellana y leonesa, la cifra es del 6,7%. Por otra parte, como es esperable, los hogares con menores en 2021 son más propensos a tener un gasto elevado en la vivienda. De 2020 a 2021 este indicador se incrementó un punto para los hogares sin menores; entre los hogares con menores, sin embargo, el crecimiento se multiplicó por cuatro.

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