La Fiscalía Provincial ha exculpado de responsabilidad penal, de condenas a prisión, en el caso del fraude de sal al Ministerio de Fomento a los dos integrantes del Comité de Gerencia, al gerente y al técnico de la UTE Rionegro adjudicataria del mantenimiento de carreteras en Sanabria-Carballeda, a los que exigía 6 años de cárcel a cada uno por la supuesta comisión de once delitos, por el supuesto engorde de facturas de sal, el uso de fundente procedente de bacaladeras de Portugal y la venta de biondas de las carreteras estatales a chatarrerías en beneficio propio, cuantías que se han fijado en 290.000 euros.

La Fiscalía deja fuera del procedimiento a E. A. O. , a J.M.M., a B. M. C. y a G.G, quienes han manifestado, tras comparecer ante la Audiencia de Zamora para conocer su exoneración de las once infracciones penales, que la empresa tenía claro que ninguno de sus altos cargos estaba implicado en las supuestas ilegalidades y que la sal que se utilizó en las campañas de invierno en la red viaria del sector ZA-4 fue siempre de calidad, "incluso nos llegaron a felicitar por el servicio prestado desde la Administración", ha declarado Emiliano Alonso como portavoz de estos exprocesados.

Satisfecho por lo que considera "una decisión justa tras doce años de daños sufridos por la imputación", Alonso ha precisado que las empresas sólo tendrán que hacer frente subsidiariamente al pago de los 290.000 euros defraudados si no pagan los condenados, entre ellos el delegado de obra y jefe de conservación de la UTE Rionegro, de iniciales E.J.R.G, que ha sido condenado aunque a una pena de cárcel menor a la pedida por la Fiscalía inicialmente tras llegar a un acuerdo y reconocer los hechos.

Emiliano Alonso, el directivo ya jubilado de la empresa San Gregorio que formaba parte de la UTE Rionegro, ha incidido en que la sociedad nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad, al tiempo que ha apuntado que uno de los acusados, delegado de obra y jefe de conservación, quién también ha llegado a un acuerdo y ha visto rebajada la pena de prisión.

El Ministerio Público ha reducido a más de la tercera parte algunas de las penas, que en algún caso de los 9 años de cárcel inicialmente exigidos se ha quedado en más de tres; y en otro, de los 12 años a 21 meses de reclusión, según la escasa información que ha trascendido al desarrollarse a puerta cerrada la confirmación de los acuerdos por parte de los procesados ante las magistradas de la Audiencia, minutos antes de iniciarse el juicio solo contra dos de los imputados que rechazaron llegar a acuerdos con la Fiscalía.

Las empresas que constituían la UTE deberán responder de forma subsidiaria del pago de los 290.000 euros que se considera que defraudaron sus empleados con la venta de biondas y la sal servida, para cuyo suministro dos de los empleados de la sociedad adjudicataria corearon la empresa Edype para suministrar el fundente que se traía de secaderos de bacalao de Portugal.

Otros seis imputados llegaron a acuerdo, tras admitir los hechos y la comisión de delitos, que entre ellos el que era director de la Unidad Provincial de Carreteras del Ministerio en Zamora entre 2007 y 2012, E. M., a quien se habría impuesto una multa; y el ingeniero jefe de la Unidad, R. T., cuyo abogado ha rehusado hacer declaraciones.

El juicio ha quedado suspendido a petición de las defensas de los dos acusados hasta el próximo lunes para que las magistradas estudien las alegaciones previas, que se algunas para pedir la nulidad del procedimiento y la apertura de juicio oral.