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Trama de la sal en Zamora: diez acusados llegan a un acuerdo con Fiscalía en el caso del fraude a Fomento

Los procesados admiten los delitos, salvo el exdirector de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora y otro funcionario más

Un quitanieves trabaja en la comarca de Sanabria. L.O.Z.

La mayoría de los 12 imputados por el caso de fraude de sal al Ministerio de Fomento en el mantenimiento de carreteras en la zona de Sanabria-Carballeda ha llegado a un preacuerdo con la Fiscalía de Zamora para admitir los delitos que se les imputan. El arrepentimiento y la admisión de los hechos ante la Audiencia Provincial permitirá a una decena de los procesados ver reducidas las condenas a casi la tercera en buena parte de los casos, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Once delitos

Las infracciones penales por los que se les condenará son once: prevaricación; estafa por el presunto engorde de facturas de sal, venta de biondas y chatarra de las carreteras y autovías a espaldas de Fomento; apropiación indebida; defraudación a Hacienda; cohecho; malversación de caudales públicos; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; falsedad documental; el tráfico de influencias; la infidelidad en la custodia de documentos y la pertenencia a organización criminal.

De este modo, la vista oral solo se celebraría para dos de los procesados, los únicos que no han accedido a llegar a un acuerdo, uno de ellos el director de la Unidad Provincial de Carreteras entre 2007 y 2012, de iniciales E.M.A, al que faltaría poco más de un año para jubilarse en la Administración.

El juicio que dará comienzo este lunes, 17 de octubre, podría estar ventilado en una semana, una duración muy alejada del mes y medio previsto inicialmente por el Tribunal provincial nombrado ex profeso por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para la que ha sido la causa más voluminosa de la Audiencia en su historia, por el número de procesados y de testigos, más de 80 que también se verán considerablemente reducidos.

Entre los procesados hay altos funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado en Zamora, como el mencionado; el exingeniero jefe de esa administración, de iniciales R. T., y un técnico encargado del sector ZA-4, de iniciales S. S.; otros dos funcionarios de Fomento; y dos vigilantes del Ministerio. Por parte de la empresa adjudicataria Rionegro, el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras; y el gerente de la empresa adjudicataria, entre otros trabajadores, están igualmente procesados.

Investigación abierta en 2012

Casi doce años después de iniciarse la investigación judicial por irregularidades cometidas con implicación de los 12 procesados entre 2004 y 2012, la “ingente pluralidad de hechos ilícitos que se juzgan” explica la complejidad de un caso que comenzó a investigar el Juzgado de Puebla de Sanabria, Patricia Marqués Fernández -con apenas un año de experiencia en la carrera judicial- junto con el entonces Fiscal jefe de Zamora Rafael de Vega Irañeta, experto en delitos económicos.

Los recursos de los procesados han dilatado una causa cuyo escrito de imputación se dio a conocer públicamente en 2017, entre ellos la recusación de los cuatro magistrados de la Audiencia de Zamora por considerar que estaban contaminados por el número de recursos resueltos.

El Tribunal que celebrará la vista oral la semana próxima estará presidido por la titular del Juzgado de lo Penal de Zamora, la nueva magistrada de la Audiencia y otra de la Audiencia de Salamanca.

El engorde de facturas de sal

El presunto engorde de facturas del fundente, para el que trabajadores de la UTE se habrían “compinchado” con empresas es uno de los delitos que se juzga. Incluso, el sumario recoge literalmente que un empleado de la concesionaria, el delegado de obra y jefe de conservación, cuyas iniciales son E.J.R.G., “promovió la constitución de la empresa Edype con familiares (dos primos), con la finalidad de facturar una gran cantidad de sal”, mayor a “la que realmente traían los camiones” y que, “en muchos casos, duplicaba la adquirida” por esa firma.

Trabajadores de la adjudicataria testificaron en su día en el Juzgado de Puebla que el fraude también tenía que ver con la calidad de la sal, que procedería de saladeros de Portugal, lo que explicaría la presencia de “cabezas y espinas” y el “fuerte olor a pescado” que desprendía.

Otras presuntas ilegalidades que valorarán las magistradas es la venta de chatarra procedería del mantenimiento de las vías estatales de la zona, y la enajenación por cuenta de algunos de los imputados de biondas en buen estado que se habrían repuesto apenas un año antes en la N-525 y se habrían levantado.

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