La pandemia y la crisis económica actual han provocado, y continúan haciéndolo, daños en la salud mental de la población. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo un estudio que revela que casi la mitad de los trabajadores públicos toma a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos.
El perfil mayoritario es el de mujeres de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cuatro años que trabajan en la sanidad pública o en centros educativos. Consumen ansiolíticos a diario debido al exceso de carga de trabajo o por carecer del debido reconocimiento laboral.
Ansiolíticos, antidepresivos y somníferos
Los ansiolíticos son los más consumidos, copando un sesenta y seis por ciento del sector de población analizado, seguidamente los antidepresivos, con un 43,6 por ciento y, por último, los somníferos, consumidos por el 32,1 por ciento. El cincuenta y uno por ciento consumen los psicofármacos a diario, el veintiuno por ciento alguna vez al mes y un quince por ciento los ha consumido en algún momento durante el último año.
La relación entre el consumo y trabajo es clave para un setenta y seis por ciento de la población, constituyendo un 54,2 por ciento los que lo achacan al exceso de carga de trabajo, un 44,6 por ciento al nulo reconocimiento profesional y un 37,7 por ciento debido al mal ambiente laboral.
Más de la mitad de los perfiles analizados sostiene que no consumía psicofármacos antes de la pandemia. Además, la mayoría afirma que carecen de iniciativas centradas en la salud mental en sus centros de trabajo.
La figura del psicólogo en el trabajo
Desde CSIF, han lanzado su campaña “Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral”, con el objetivo de ayudar a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial y exigiendo al Gobierno que ponga en marcha una serie de medidas que promuevan la prevención de riesgos para la salud mental, entre las que destacan: la aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de un real decreto; una evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real; establecer la figura del psicólogo en el trabajo, e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembros más del Servicio de Prevención; aumentar el número de plazas en psicología, psiquiatría, enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales; elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio; planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral; vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo.
