La Audiencia de Zamora preserva “la seguridad y la tranquilidad de las menores” frente al industrial de Villaralbo de 50 años al que denunciaron por los abusos y agresiones sexuales a los que las sometió cuando tenían entre 12 y 16 años, para lo que los magistrados han acordado mantenerle en prisión preventiva, comunicada y sin fianza.

La gravedad de los delitos por los que se investiga al acusado, de iniciales P.F.R., explica “la necesidad de proteger” a las presuntas víctimas, medida que se toma también para “evitar el riesgo” de que pudiera vuelve vulnerar la libertad sexual de las adolescentes, conducta de la que “hay indicios racionales, suficientes y de entidad”, abunda el auto de la Audiencia.

Los argumentos expuestos por los magistrados zamoranos para rechazar el recurso del acusado contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la capital de mantenerle en Topas aluden a las declaraciones que efectuaron “todas las menores con todos los requisitos para que constituyan prueba preconstituida” de cara a la celebración del juicio que podría fijarse en unos meses.

Unas manifestaciones que se reproducen en el auto de la jueza que le denegó la libertad condicional y que vienen a desmontar las alegaciones del abogado del acusado que apunta a la falta de credibilidad de los testimonios y a que las denunciantes tengan intereses espurios, exponen los magistrados de la Audiencia de Zamora.

Esta medida también tiene por finalidad asegurar que el investigado acudirá al juicio cuando se celebre, que no pueda fugarse y obstruir el desarrollo de la vista oral con normalidad, según los términos del auto.

El Tribunal descarta que se haya manipulado a las adolescentes

Los magistrados deniegan, al igual que lo ha hecho la jueza instructora de la causa, la nulidad de los interrogatorios de las seis presuntas víctimas, solicitada por el conocido empresario, dado que se informo a sus hijas del derecho a no declarar contra su padre y acusado, y todas las denunciantes comparecieron con representante legal y ante personas mayores de edad, como se puede comprobar en las grabaciones de las comparecencias. Las declaraciones de las presuntas víctimas y de testigos indicaban que el industrial habría abusado sexualmente de las seis niñas y violado a dos de ellas.

El Tribunal provincial descarta que las adolescentes hayan podido ser manipuladas durante sus declaraciones en sede policial o ante la jueza, así como que el apoyo de una psicóloga durante las mismas pudiera haber desvirtuado la versión de los hechos que denunciaron y que el acusado niega haber cometido bajo la excusa de que todo ha sido un complot para conseguir dinero.

Los magistrados asientan el rechazo de esta alegación, con la que el investigado pretendía conseguir su libertad condicional, en que “dentro de las recomendaciones de todas las instituciones españolas e internacionales para las declaraciones de menores de edad se encuentran las de la asistencia psicológica y la de intervención de profesionales de la Psicología”.

Esa recomendación, “más en delitos” de abusos y agresión sexual como los que se investigan, persigue “que la declaración se lleve a cabo con la garantía de que la persona que va a declarar lo haga una vez informada de cómo va a transcurrir esa declaración, y de los derechos y posibilidades que tiene” durante ese acto. La intervención de psicólogos es clave para ofrecer esainformación a las menores y para determinar cómo plantear el interrogatorio “con las mayores garantías de comprensión” para ellas.