El profesorado comienza este curso 2022-2023 con las incertidumbres que acarrea la implantación de la nueva ley educativa (Lomloe), obligatoria en los cursos impares, desde Primaria hasta Bachillerato. El sindicato de profesores ANPE recuerda que son varias comunidades —entre ellas Castilla y León— que arrancan las clases pendientes de la publicación de la aplicación de los nuevos currículos, por lo que apremia a las administraciones “a que disipen esta incertidumbre que provoca que el profesorado tenga que ir contrarreloj en la elaboración de sus programaciones”.

Esa es la razón por la que solicitan, tanto al ministerio como a las consejerías, que colaboren con los docentes “ofertando la formación necesaria y acorde a la aplicación de los nuevos currículos, evitando la excesiva burocratización de la enseñanza”, detallan. “Solicitamos que se otorgue el plazo suficiente para que las programaciones puedan ser elaboradas con la máxima garantía de calidad”, añaden.

Respuesta de Educación

A este respecto, el director provincial de Educación, Fernando Prada, señaló durante la presentación del nuevo curso que, en el caso de Castilla y León, los docentes “deben de estar tranquilos”, puesto que el decreto está ya tramitándose, “pero el currículo en sí, es decir, aquellas materias que tienen que darse este curso, son de conocimiento público desde el mes de junio”, subrayó, añadiendo que además, recientemente, se ha dado instrucciones a los centros para que todo esto se materialice “y se está dando formación a los inspectores, como se hará con los equipos directivos y el profesorado”. Por todo ello, Prada consideró que “hay tiempo suficiente para preparar las programaciones”.

Padres y alumnos en el patio de un colegio durante el primer día de curso escolar. EP

Evaluaciones

Con respecto al tema de las evaluaciones, desde el sindicato ANPE se exige que, por parte de las administraciones educativas, “se apoyen y respeten las decisiones del profesorado sobre promoción y titulación” y considera “prioritaria” la reducción de ratios “para poder paliar los déficits de aprendizaje, acumulados en los tres cursos COVID, una medida que debe ser complementada con la reducción de la jornada lectiva del profesorado”. Ambas decisiones ya son una realidad en Castilla y León tras el acuerdo alcanzado entre la consejería y sindicatos.