Zamora ha llegado a septiembre con la certeza de que el inicio del curso se hará especialmente cuesta arriba desde el punto de vista económico, a causa del aumento desbocado de los precios que se ha acumulado en los últimos meses y que no se ha trasladado a los salarios de los trabajadores. Según los datos del índice de precios de consumo (IPC), el coste de la vida se ha incrementado en un 12% en la provincia desde el final del verano de 2021, lo que deja abierto ahora un escenario complejo camino al otoño inminente.
La cesta de la compra ha subido en general, y lo ha hecho prácticamente en todos los ámbitos, pero algunos resultan especialmente sensibles. Tal es el caso de la alimentación y las bebidas no alcohólicas, cuyo coste se ha incrementado en un 15% en el último año. Esa subida pone en jaque particularmente a las economías más ajustadas, que ponen rumbo al cierre del año con el lastre de saber que una compra mensual que antes alcanzaba los 400 euros en este tipo de bienes, ahora les va a suponer 60 más, sin contar el alza en el resto de los productos y servicios.
Vivienda, agua, electricidad y gas
No en vano, el grupo de la alimentación no es el único en el que los ciudadanos están notando el golpe. Con el timón enfocado ahora hacia el mal tiempo, conviene no perder de vista que los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros suministros son hoy un 27% más costosos que en septiembre de 2021, una cuestión que recrudece el panorama, de nuevo, para los bolsillos más delicados.
En este caso, las personas que se ven más afectadas son inicialmente los desempleados, pero también los asalariados, a pesar de las recientes subidas del salario mínimo interprofesional, y también un porcentaje importante de los trabajadores por cuenta propia de la provincia, que han tenido que recortar parte de sus ganancias para no repercutir totalmente los incrementos de los precios en sus clientes. Mejor pinta la situación para los 48.000 pensionistas zamoranos, que además cuentan con la certeza de que sus ingresos subirán en enero al ritmo que marque el IPC, como ha garantizado el Gobierno.
En lo tocante a los funcionarios, la actualización de sus nóminas de cara a 2023 aún está por ver. Por lo pronto, durante el cuatrimestre casi completo que queda de año, deberán ajustar sus gastos a un crecimiento de los precios que ha reducido de forma considerable su poder adquisitivo, más allá de que la mayoría se mantenga dentro de los grupos con ingresos estables y razonablemente tranquilizadores. La expectativa es que pronto se sepa cuál es la subida prevista para un colectivo en el que se encuentran 11.000 zamoranos.
Este es el panorama con el que la provincia abre el curso, pendiente de que la aproximación al otoño abra una ventana de optimismo y con una ciudadanía que también hará frente a incrementos en vestido y calzado (4,7%), muebles (7,7%), transporte (16%) o restauración y hoteles (6,1%). El cambio de esta tendencia se antoja clave para que las carteras respiren.
La gasolina se ha disparado en el último año, a pesar de la rebaja
Otro de los puntos a tener en cuenta de cara a esta cuesta de septiembre es el incremento del precio del combustible, que lleva meses muy por encima de su coste habitual y que dista mucho de la tarifa que pagaban los conductores doce meses atrás. En estos momentos, y a pesar de la rebaja de veinte céntimos que mantiene el Gobierno desde el mes de abril, tanto la gasolina de 95 como el diésel se mantienen sensiblemente por encima de las cifras que marcaban en septiembre de 2021.
Ahora mismo, la gasolina de 95 octanos se encuentra a un precio de 1,78 euros de media en la provincia. Con el descuento de veinte céntimos, el coste por litro se reduce a 1,58 euros, por debajo del punto alcanzado durante el pico de 2022, pero lejos de los 1,44 euros que abonaban los conductores cuando acudían a repostar justo hace un año. En el caso del diésel, el escenario es sensiblemente más negativo.
Actualmente, el litro de gasóleo tiene un coste de 1,93 euros, que se quedan en 1,73 tras la rebaja. Pero es que, en septiembre de 2021, los ciudadanos apenas tenían que abonar 1,32 euros por litro para repostar los vehículos. La diferencia de 41 céntimos implica una distancia de más de veinte euros cuando se trata de llenar un depósito de 50 litros. En lo referente al transporte público, la entrada en vigor de determinadas medidas implementadas desde el Ejecutivo central debería suavizar el impacto de la inflación. El ejemplo es la llegada de los bonos del AVE, que aliviará a los usuarios habituales.
