El contrato de Teleasistencia avanzada desarrollado por la Consejería de Familia de la Junta a través de la Gerencia de Servicios Sociales, podrá seguir su tramitación para la puesta en marcha del servicio, debido a que el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, con sede en el edificio del Consejo Consultivo de Zamora ha desestimado las alegaciones de dos asociaciones de empresarios que se habían opuesto al pliego de condiciones.
Se trata de un contrato sustancioso, de casi 40 millones de euros para los próximos tres años y que supone una mejora con respecto al servicio de teleasistencia que se presta actualmente, que básicamente consiste en que la persona usuaria, normalmente un mayor que vive solo, tiene un dispositivo con el que puede pedir ayuda en caso necesario.
El contrato fue recurrido por la Federación Empresarial de la Dependencia, Asade (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio) y Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), que básicamente coincidían en señalar que las nuevas condiciones de este contrato, que sustituye a otro que fue paralizado por el mismo Tribunal de Recursos Contractuales, benefician a las actuales empresas prestadoras del servicio, que pueden seguir usando los actuales dispositivos en el periodo de transición, mientras el nuevo adjudicatario, en caso de ser una empresa nueva, tendría que afrontar ese coste.
Criticaban también la tramitación de urgencia de este contrato, en lugar de la ordinaria. Sin embargo, el Tribunal de Recursos Contractuales descarta ambos argumentos y entiende que no hay ventaja para las empresas que ya están prestando en servicio y que el procedimiento de urgencia sí está justificado.
Un largo camino del contrato único para toda Castilla y León
Una resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de 20 de enero de 2022 inició la tramitación de la contratación del servicio de Teleasistencia domiciliaria básica y avanzada, pero el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración estima parcialmente un recurso interpuesto en el que, entre otras cosas, criticaba la obligación de que la sede de la empresa adjudicataria estuviera en Valladolid.
Esta decisión supone la anulación de los pliegos que rigen la contratación, por lo que la Consejería desiste y tramita un nuevo expediente de contratación, con el fin de “garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los ciudadanos, que tiene para muchos de ellos el carácter de prestación esencial, calificado como tal en la Ley 16/2010. Los contratos de Teleasistencia con las corporaciones locales en los que la Gerencia de Servicios Sociales se subrogó como poder adjudicador, finalizan su vigencia el 31 de julio de 2022 y en algunos de ellos no existe posibilidad de prorrogar. Estas razones de interés público justifican la necesidad de no demorar la adjudicación del contrato para evitar la falta de cobertura contractual en los ámbitos territoriales que afectan a los contratos”.
Ahora el procedimiento puede seguir para adjudicar el servicio.
