El plan de ahorro energético pincha en hueso tras dos semanas de su aplicación. La ausencia de vigilancia por parte de las administraciones ha dejado en manos de los empresarios el cumplimiento de las medidas, que en muchos casos se van diluyendo conforme pasan los días. Los propios empresarios consultados reconocen, aunque prefieren no ser citados, que la obligación de mantener las puertas cerradas o la de no bajar la temperatura por debajo de determinados límites muchas veces se obvian. “Aquí intentamos estar a 25 grados, pero si los clientes nos dicen que tienen calor, bajamos el termostato”, asegura un hostelero de la zona céntrica de la ciudad. Las inspecciones que se han llevado a cabo durante estas dos semanas, aseguran los empresarios consultados, son prácticamente inexistentes. “Por aquí no se ha pasado nadie”, apuntaba un comerciante del centro de la ciudad.
El plan de ahorro forma parte del primer paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, aunque el grueso del plan de ahorro se prevé que vea la luz a finales del mes de septiembre en el plan de contingencia que diseña el Ejecutivo para cumplir con el compromiso de reducir el 7% de la demanda de gas al que llegó con Bruselas. En esta primera tanda de propuestas se incluye apagar la luz de escaparates y edificios no ocupados a partir de las 22 horas. Se aplica desde el pasado diez de agosto.
Esta es una de las principales medidas que se une a otras, ya conocidas, como mantener la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno y un mínimo de 27 grados en verano en los establecimientos destinados a usos administrativos, comerciales, culturales como cines o teatros, de ocio y estaciones de transporte de viajeros como aeropuertos y estaciones de tren.
El Gobierno dio una semana de plazo desde la entrada en vigor de esta norma para aplicar esas disposiciones, que tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. Además, pide a los locales climatizados tener un sistema de cerrado de puertas antes del 30 de septiembre y a realizar una revisión de las calderas e instalaciones térmicas antes del 1 de diciembre, en aquellos casos en los que la revisión haya sido previa al año 2021 para “evitar que consuman más de lo que corresponda”.
Todos estos establecimientos deben incorporar paneles informativos con la aplicación de las medidas. El Gobierno será flexible para “garantizar las condiciones de seguridad laboral o siempre que esté justificado por condiciones térmicas. La aplicación, con todo, será vigilada por parte de las comunidades autónomas, como establece el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), según ha explicado Ribera.
“Esto es un esfuerzo sin precedentes, probablemente para ver las medidas de racionamiento que se plantean algunos de nuestros colegas en el centro y norte de Europa hay que remontarse a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sería una insolidaridad que un responsable de una administración pública diga que no está dispuesto a hacer un esfuerzo para cumplir con lo que nos hemos comprometido con Europa”.
Por lo que refiere a la postura oficial del Gobierno, no queda más que remontarse a declaraciones del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que recalcó el pasado fin de semana que el plan de ahorro energético se está aplicando “con normalidad” y ha criticado la irresponsabilidad del PP en esta cuestión.
“Los comerciantes, los centros comerciales y los ciudadanos están teniendo una mayor responsabilidad que el principal partido de la oposición, absolutamente irresponsable y contrario a todo”, ha incidido. “Vaya papelón el del señor Feijóo. En España, bailando al son que le marca alguna líder regional, y en Europa, yendo a contracorriente de todos los gobiernos europeos de distintos colores en la necesidad de ahorrar energía en nuestro país”, ha criticado.
