El Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene meridianamente claro: habrá peajes en todas las autovías y autopistas de la red estatal “sí o sí”, incluidas las de Zamora. Y será cuanto antes. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, defendía días atrás en Pontevedra que resulta “imperativo” el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y ha apelado a “no aplazarlo más”. Defendió que el pago por uso de las vías de alta capacidad ofrecerá una solución al “creciente déficit” en materia de conservación de carreteras (unos 8.000 millones de euros), pues posibilitará la obtención de una fuente de ingresos extra y directa.
¿Cómo afectarán a Zamora? Lista de precios
Si se aplica esto a Zamora las cuentas son muy fáciles. Viajar entre la capital del Duero y Madrid costaría algo menos de tres euros (a mayores del peaje de más de doce ya existente). Ir a Valladolid supondría un euro, unos céntimos menos que desplazarse a León. Viajar a Salamanca serían sesenta céntimos de euro.
- Zamora-Madrid: menos de 3 euros (a mayores de los 12 ya existentes)
- Zamora-Valladolid: 1 euro
- Zamora-León: poco más de 1 euro
- Zamora-Salamanca: 0,60 céntimos de euro
Más de 300 kilómetros afectados
La provincia de Zamora cuenta con 336 kilómetros de autovía, que son las primeras sobre las que el Ejecutivo quiere recaudar. Se trata del territorio de la región con mayor longitud de vías de alta capacidad y el séptimo de toda España, por lo que el castigo para los zamoranos se multiplicaría si se aplican los peajes a la autovía Ruta de la Plata (A-66), la autovía del Duero (A-11), la autovía del Noroeste (A-6) la autovía de las Rías Bajas (A-52) y la autovía de Castilla (A-62). En el caso de las carreteras nacionales y el resto de vías, la provincia suma 419 kilómetros con la N-122, la N-631 y la N-525 como puntas de lanza, que también sufrirían los peajes incluidos en el Plan de Recuperación que ya se ha enviado a Bruselas. De este modo, Zamora será la séptima provincia de toda España que más sufra los peajes en autovías, ya que uno de cada dos kilómetros de carreteras en el territorio quedará sujeto a pago.
El presupuesto actual para el mantenimiento de carreteras, insuficiente
Pardo de Vera subrayó que no aprobar esta tasa detraería recursos para el mantenimiento de las carreteras, lo que obligaría a detraerlos de los que deben ser destinados a “reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia”. Ese perjuicio se agrava, dijo, con la recaudación de peajes “desequilibrados” en el territorio, que generan “profundas brechas de oportunidad”, como ocurre con el del Huerna entre León y Asturias, el segundo más caro de la red estatal.
La secretaria de Estado incidió en que los 1.400 millones de euros que destinarán este año los Presupuestos del Estado al mantenimiento de la red estatal de autovías y autopistas son “insuficientes”. Entiende, además, que en este escenario España debe dar un “paso más” hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. En este sentido, apuntó que el modelo impuesto en Europa es “un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes” y se ha preguntado si “alguien puede entender” que los camioneros españoles “paguen por usar las carreteras de toda Europa” y los extranjeros “usen gratis” las estatales.
“Se ha alargado demasiado la toma de decisiones”, indicó Pardo de Vera, quien también hizo hincapié en el “gran esfuerzo” del Gobierno para “minimizar” los “enormes desequilibrios territoriales” en materia de movilidad. Así, recordó que entre 2018 y 2026 se liberaron o se liberarán 1.244 kilómetros de la red nacional de autopistas y se aprobaron descuentos “históricos” en aquellas que siguen con concesión debido a decisiones “que nos dejaron rehenes de su gestión”.
La cuenta atrás para la implantación de peajes en todas las autovías y autopistas del Estado ya ha comenzado. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presentará el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible en el Consejo de Ministros este martes. A continuación, impulsará el diseño el “plan de peajes” gubernamental. El Ejecutivo tiene prisa porque necesita cumplir el compromiso que adquirió con la Unión Europea (UE) para recibir fondos covid: cuadrar las cuentas y ajustar el objetivo de déficit con nuevos impuestos. Además, pretende separar todo lo posible en el tiempo la tramitación del cobro por uso en todas las vías de alta capacidad de los comicios de 2023 para así aminorar el “coste electoral”.
El Gobierno aún no ha decidido el sistema de pago que se implantará en España. Se decidirá “en los próximos meses” y será “progresivo y homogéneo” para evitar agravios entre territorios. Se aplicará asimismo “el criterio europeo de quien contamina paga”, lo que implicará que lo se tendrán en cuenta criterios sociales, solo ambientales; esto es, los coches antiguos, los más contaminantes, pagarán más. El Gobierno indicó en varias ocasiones que no se cobraría peaje a quienes necesiten transitar por autovías por motivos de trabajo o cualquier otra necesidad, pero nunca aclaró cómo aplicará esas exenciones. Otra duda a despejar es la tasa que se aplicará. El Ejecutivo ha afirmado que su intención es implantar una tasa simbólica, que podría situarse en torno al céntimo por kilómetro para los vehículos más modernos.
