La exclusión financiera golpea a la España Rural y se percibe particularmente en territorios como Zamora, muy afectada por el declive demográfico. Desde el año 2008, el cierre de sucursales y de cajeros automáticos ha proliferado en las comarcas y ha castigado a una población envejecida y carente de competencias y recursos digitales. Esa disminución acentuada de la atención presencial y del acceso rápido al efectivo ha sido muy superior desde entonces a los cierres registrados en otros ámbitos, como la hostelería, el comercio o los puntos de atención sanitaria.
Esas son las conclusiones que se pueden extraer del informe “La accesibilidad presencial a los servicios bancarios”, publicado a finales de julio por el Banco de España. El documento subraya que, entre 2008 y 2021, el número de oficinas y de cajeros “se ha reducido con mayor intensidad que el número de puntos de acceso presencial a otros servicios”. En concreto, frente a una caída del 58% y del 23% en las cifras de oficinas bancarias y de cajeros automáticos a nivel nacional, el número de puntos de acceso a servicios de atención primaria, oficinas de farmacia y bares se ha mantenido estable o incluso se ha incrementado, mientras que el número de comercios se ha reducido en un 17%.
Los datos en el medio rural
De este modo, la población rural sin acceso a oficinas bancarias se ha incrementado en más de nueve puntos porcentuales entre 2008 y 2021, mientras que aquella sin acceso local a bares y comercios se ha mantenido estable o incluso se ha reducido ligeramente en el mismo periodo.
En Zamora, ese descenso se ha hecho especialmente visible en el último lustro. Entre 2016 y 2021, la parte rural de la provincia ha perdido más de un 50% de sus oficinas bancarias. Esa es la dura conclusión que ofrecen los datos oficiales del Banco de España, que advierte de que los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia han padecido el cierre de 59 de las 112 sucursales que tenían y se han quedado en tan solo 53. Un desplome total, y además en un tiempo récord.
Esa caída del 52,7% en tan solo cinco años supone el segundo peor dato de la comunidad autónoma, y es que a Salamanca le ha ido aun peor, con el cierre del 54,2% de las oficinas. Para el resto, el golpe ha sido algo menor, pero el medio rural de las nueve provincias se ha visto afectado por una circunstancia que acentúa la exclusión financiera que sufren miles de ciudadanos. En concreto, Ávila ha perdido un 31,4%; Burgos, un 32%; León, un 46,7%; Palencia, un 50%; Segovia, un 25,6%; Soria, un 27%; y Valladolid, un 50%. La caída media de la región ha sido de un 42% y la nacional ha alcanzado el 30,6%.
Un golpe duro en Zamora y en Castilla y León
De este modo, como suele ser habitual cuando se habla de estadísticas negativas, Castilla y León ha sufrido un golpe mucho más duro que el resto de España, y Zamora se ha visto sensiblemente más castigada que el conjunto de la comunidad. Además, en el caso de la provincia, se puede ubicar bien en el calendario el momento en el que el sector encajó el mayor derrumbe en esta etapa; ocurrió en 2019, cuando en un solo año echaron la llave 39 sucursales en municipios de menos de 5.000 vecinos.
Como es lógico, esta tendencia redunda en un aumento del riesgo de exclusión financiera para los ciudadanos que residen en municipios rurales. Así lo señala el Banco de España en un informe en el que recuerda que estos municipios se caracterizan por presentar “una población más envejecida y menos digitalizada, así como por tener una peor cobertura de banda ancha que los entornos urbanos”, lo que da forma a un panorama complejo.
Zamora está entre los lugares más afectados, pero no es el único, y es que, entre 2008 y 2021, un total de 900 municipios españoles han perdido el acceso local a una oficina bancaria. Como resultado de este proceso, la accesibilidad, entendida como la distancia media que el ciudadano residente en un municipio tiene que recorrer para llegar al municipio más cercano con oficina, habría aumentado con mayor intensidad en los municipios rurales. En concreto, la distancia media hasta la oficina más cercana pasó de 3,3 kilómetros en 2008 a 4,9 en 2021 en el caso de los municipios rurales, mientras que se mantuvo prácticamente inalterada en cero dentro de los municipios urbanos.
Además, el Banco de España constata que regiones como Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha, “caracterizadas por la elevada dispersión de su población rural, presentan una peor accesibilidad presencial a los servicios bancarios en sus zonas rurales”, una circunstancia que no parece que vaya a mejorar a partir de los próximos años.
Las instituciones han planteado recientemente algunas soluciones para tratar de paliar un problema que, de nuevo, pone contra las cuerdas a un sector de la población condenado a ir en busca de los servicios y castigado por una realidad que complica su afán por quedarse en los pueblos y tratar de afianzar una vida allí.
