Los hosteleros que se iniciaron en el proyecto de la reclamación por las pérdidas derivadas de las medidas del COVID podrían acabar en el juzgado tras la desestimación por parte de la Junta de Castilla y León.
El objetivo de estas demandas es conseguir una compensación económica por los daños ocasionados por las restricciones y las medidas para frenar el COVID durante los dos años de pandemia. La primera respuesta que han obtenido ha sido la desestimación por parte de la Junta de Castilla y León.
Casi un año después de la presentación de estas reclamaciones patrimoniales, la administración ha contestado a las mismas con una rotunda negativa.
Los empresarios consideran que han sido unas medidas desproporcionadas para luchar contra la pandemia, lo que les ha conllevado pérdidas económicas y de clientela.
El Consejo Consultivo ha emitido un veredicto de la Junta de Castilla y León “adoptó las medidas más eficaces para evitar la propagación de la enfermedad”, se apoya también en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud que dice “hay que establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas”.
Estos son algunos de los argumentos que expone la Junta de Castilla y León para dar la negativa a estas reclamaciones provenientes de cientos hosteleros de la comunidad.
Por ello algunos de los demandantes llevarán este hecho hasta los juzgados para una resolución más inmediata.
Los más perjudicados
Durante los dos años de pandemia, el sector de la hostelería y el ocio nocturno ha sido el más castigado con respecto a restricciones horarias, aforo e incluso el cierre de la actividad.
Algunos de estos empresarios, lejos de rendirse, mantienen en marcha pleitos contra la administración de la comunidad debido a estos sucesos. Algunos hosteleros denuncian por individual y otros mediante demandas colectivas.
De momento la mayoría de estas reclamaciones no han sido resueltas y pasados seis meses, plazo por el que se debe resolver la demanda, el órgano demandante puede entenderla como desestimada y acudir a los Tribunales.
Durante el periodo de la pandemia los bares y los entornos del ocio tuvieron impuestas varias restricicones.
En cuanto al aforo, no se podía superar el 75% de las mesas de un local de hasta 40 clientes y, del 50%en bares más grandes. Tampoco se podía consumir en la barra o de pie, solamente sentados en las mesas con un máximo de 10. Cerraban a las 02.00 horas de la madrugada y a partir de la 01.00 horas ya no podían atender a nuevos clientes.
En el caso de las discotecas, no se podía bailar y el aforo era de un tercio del total permitido en el local.
Por estos motivos, muchos hosteleros solicitaron ayudas directas a la Junta de Castilla y León durante la pandemia, que “sacó unas ayudas de 3.000 euros aproximadamente repartidos en dos pagos”, explica Óscar del Prado, hostelero de la Sala Buda. También, dependiendo del Ayuntamiento se lanzaba una ayuda de 500 euros dependiendo de los trabajadores que tuviese cada empresa hostelera.
