Los incendios copan la actualidad política, social y mediática en Zamora, y esa circunstancia ha quedado patente este viernes en el Pleno de la Diputación, que ha celebrado su última sesión del curso. En este marco, los grupos políticos del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos alcanzaron la unanimidad para aprobar una moción de reconocimiento a la entrega y el valor de Daniel Gullón y Victoriano Antón, los dos fallecidos durante el fuego declarado el pasado 17 de julio en Losacio.
El texto, presentado por Izquierda Unida, tenía la vocación de aunar posturas, lo que facilitó el necesario "sí" de los doce representantes del PP. Distinta ha sido la cuestión con la moción planteada pocos minutos después por el grupo socialista, que profundizó más en el aspecto político y que reclamó las dimisiones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de la delegada territorial, Clara San Damián.
La lógica dictaba que el Partido Popular no podía pasar por ese aro. Y no lo hizo. La moción no salió adelante, pero el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo (Ciudadanos), quiso matizar algunas cuestiones, tras mantener la lealtad a sus socios del PP en el equipo de Gobierno a la hora de votar: "Es cierto que ha habido falta de coordinación en los incendios y que no puede volver a pasar", subrayó el dirigente liberal.
El matiz no convenció al grupo socialista, pero la cuestión no daba para más, a la vista de la aritmética del Pleno, que ofrece la mayoría en el voto a la derecha. Esa misma fuerza numérica tiró por tierra las propuestas sobre la memoria histórica (IU) y la sanidad pública (PSOE). Sí salió adelante, con el apoyo de Izquierda Unida, la moción del bipartito para reclamar que el nuevo mapa de transportes mantenga todas las paradas en Zamora.
Modificación de créditos
El debate más intenso en el orden del día quedó vinculado a las modificaciones de crédito presentadas por el equipo de Gobierno para hacer frente a inversiones por valor de más de veinte millones de euros. El bipartito tuvo que justificar aquí su forma de proceder, ante las críticas de la oposición por las demoras a la hora de usar los remanentes y, en algún caso, por decidir de manera discrecional qué obras se ejecutaban.
