Su incapacidad para controlar el impulso de jugarse cada euro que caía en sus manos ha librado de ir a la cárcel al director de la oficina bancaria de Tábara que desvió a los juegos de azar 681.635 euros de ocho clientes ancianos.
La ludopatía que padece, junto a la confesión del delito y la colaboración con la entidad financiera para facilitar la lista de las personas a las perjudicó y las cuantías que se llevó han permitido a la Audiencia de Zamora rebajar la pena de prisión a 18 meses para un delito de apropiación indebida. Una infracción que cometió entre 2015 y 2020 con falsificación de las firmas de los ancianos.
La máxima pena que se le podría haber impuesto al procesado, de iniciales A.R.A., es de 6 años de reclusión, pero las atenuantes aplicadas la ha rebajado a año y medio para “propiciar su reeducación y reinserción social”, abunda el fallo judicial, una recuperación a lo que está contribuyendo la terapia que sigue con tratamiento psiquiátrico.
No obstante, los magistrados no restan importancia a la conducta del acusado que “ha generado alarma social de cierta entidad, aunque la repercusión” de la misma no tenga la misma trascendencia para el banco que para los clientes que fueron sus víctimas.
La sentencia de los magistrados considera que, si bien A.R.A. tenía afectada su facultad volitiva por la ludopatía y no podía resistirse al juego, la adicción era de grado moderado, ya que era consciente de que su conducta no era adecuada, “no afectaba al resto de habilidades de la vida diaria”.
El Tribunal considera que “no puede afirmarse que el encausado no comprendiera” que cometía un delito; ni cree que tuviera “suprimida su capacidad de actuación”, puesto que sustrajo muchas veces dinero de las cartillas de ahorro de sus víctimas.
La sentencia hace mención expresa a “la reposición del daño”, ya que los ancianos han recuperado el dinero que les pertenecía, el banco les ha pagado, y que el director de Tábara se jugó, que oscilaron entre los 196.465 euros y los 5.000 euros, aunque la mayoría de superaban los 31.000 euros.
La condena incluye la obligación de que el procesado indemnice al entidad financiera en los casi 700.000 euros que se quedó, una condición que ya está cumpliendo con “asignaciones periódicas” al banco para disminuir la deuda, “los efectos de su delito”, apunta la sentencia.
El acusado, que abusó de la relación de confianza que tenía con estos clientes era el encargado de manejar los ingresos y los ahorros de los ancianos, y alguno llevaba años sin disponer de un recibo.
