La Junta reclama obligación de servicio público en lugar de los bonos del tren de Zamora

“Lo que estamos pidiendo al Gobierno para León, Palencia, Zamora y el resto de puntos de la comunidad autónoma es que todas las líneas de altas prestaciones sean declaradas obligación de servicio público, lo que garantizaría algunos servicios y la capacidad de todas las partes de intentar llegar a acuerdos que nos permitieran rebajar en algo el precio que actualmente se está pagando por esos bonos de transporte”.

No se trata por tanto de “recuperar los servicios que ya hubiera, no mejorar algún tipo de servicio concreto, no mejorar un horario específico, aunque todo es bienvenido, no que se recuperen servicios que se daban antes de la pandemia, sino que se declare obligación de servicio público. Ahí seguimos insistiendo en que todas las líneas de altas prestaciones de Castilla y León sean declaradas obligación de servicio público”.

Bonos Avant

Recordó que la Junta cuenta con bonos para los viajeros recurrentes que se desplazan desde Ávila y Segovia a la comunidad de Madrid, y también trabaja para rebajar los precios de quienes cuentan con abonos Avant para los trenes de alta velocidad entre la comunidad y la capital de España. Aseguró que ya se ha enviado el convenio a Renfe Viajeros y que están pendientes de que se pueda firmar.

Carriedo, aseguró que los anuncios del Gobierno sobre los descuentos en el transporte reflejan “cierta improvisación” y “precipitación” de quien a su juicio “no sabe la hoja de ruta que tiene que seguir”. Además, defendió las medidas aplicadas por el Ejecutivo autonómico, que benefician -dijo- al medio rural, frente a las bonificaciones en los trenes de Cercanías, de septiembre a diciembre, que dejan fuera a Castilla y León por no contar con este servicio.

Carriedo cuestionó las últimas medidas adoptadas por el Gobierno anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, porque a los descuentos anunciados y recogidos en un decreto ley, pendiente de convalidarse, se han añadido otros este martes, como la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

Por ello, el consejero portavoz señaló que la Junta tiene “claro” la “hoja de ruta” en materia de transportes, donde destacó cuenta con el Bono Rural, que permite utilizar de forma gratuita el transporte a la demanda, en el que subrayó “Castilla y León es la referencia”. Así, destacó la diferencia entre esta iniciativa, puesta en marcha con carácter estructural y antes de esta subida de los precios, con la bonificación de los Cercanías, que replicó sólo beneficia a las “grandes ciudades”.

El portavoz recordó medidas anticrisis como la congelación de las tarifas en las líneas de titularidad autonómica y una rebaja del 15 % en los abonos.

Carriedo: “No hemos tirado la toalla en la regulación de caza del lobo”

“No hemos tirado la toalla”. Así se pronunciaba el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo preguntado por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado la ley de caza de Castilla y León con el argumento de que la competencia es del Gobierno. “Quien es competente para regular la especie es el Gobierno, según la sentencia”.

Y “nosotros presentamos un recurso no porque no creamos que el Gobierno tenga competencia para desarrollar esto, sino porque pensamos que ha habido un uso contrario al interés general (prohibir la caza del cánido). Lo pensamos nosotros y las cuatro comunidades donde existe más presencia del lobo: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León”.

Carriedo indicó que “estamos trabajando conjuntamente, preparando una línea jurídica ante los tribunales conjunta y por tanto ni nosotros ni las otras comunidades vamos a tirar la toalla”. El consejero dijo que “lo que ha hecho el Gobierno (impedir la caza es claramente perjudicial para el territorio, para el mundo rural y para los ganaderos, especialmente de ganadería extensiva.

Por su parte la Unión de Pequeños Agricultores lamentó la sentencia del Tribunal Constitucional. “El pulso entre el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León está dejando por el camino como víctimas a los ganaderos, que ven impotentes cómo se les ningunea constantemente y como sufren la incomprensión del poder legislativo, ejecutivo y judicial”, manifiesta la organización agraria en un comunicado.

El Plan de Tierra de Campos incluirá a los agricultores

El portavoz y titular de Economía y Hacienda, consejero encargado directamente del Programa Territorial de Tierra de Campos se mostró partidario de dar participación a las organizaciones profesionales agrarias en las reuniones del diseño del plan de reindustrialización que “por primera vez” va a incidir no en una zona en declive industrial, sino en una que nunca tuvo ese desarrollo.

“Lo que hicimos el otro día fue una reunión con las diputaciones provinciales de cuatro provincias (entre ellas Zamora). El plan fue muy bien recibido y ahora se trata de crear los grupos de trabajo. Hay un modelo, pero cuando hablemos de los aspectos relativos a la Consejería de Agricultura parece oportuno que estén las organizaciones profesionales agrarias”.