El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, ha dictaminando, entre otros, diversos asuntos de responsabilidad patrimonial. La mayor parte de ellos, en torno a una decena, corresponde a reclamaciones debido a daños y perjuicios derivados de las medidas administrativas adoptadas en relación con la hostelería por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y a daños y perjuicios sufridos por no haber podido proceder a la caza del lobo en las modalidades de aguardo o espera y rececho en diversos cotos.
Aunque no ha trascendido el sentido del dictamen, en una anterior reclamación de este estilo, presentada por un negocio de distribución de productos gourmet de la comunidad, el Consultivo no dio la razón al reclamante, al considerar que no tenía derecho a indemnización. Este negocio explicaba que las desproporcionadas medias restrictivas tomadas durante la pandemia del COVID le habían provocado daños, que cuantificaba en más de 60.000 euros.
Sin embargo el Consultivo considera que el reclamante no acredita que las medidas contra el COVID fueran inadecuadas. Habla de “un importante desarrollo de normas limitativas de la actividad del sector de la hostelería”. Por contra, el informe de la Dirección General de Salud Pública son contundentes en este sentido, al destacar la importancia de las medidas preventivas en el control de la pandemia. Las mismas medidas a las que el reclamante atribuye el daño sufrido.
El Consultivo explica también que el derecho a indemnización bajo el estado de alarma debe entenderse sobre un daño concreto y demostrable, por ejemplo que se hubiera requisado algún bien particular.
Son en torno al medio centenar las reclamaciones patrimoniales como consecuencia del coronavirus las que han llegado en lo que va de año hasta el Consejo Consultivo de Castilla y León, por los daños causados por las restricciones.
30 millones en contratos
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, cuyas funciones asume el Consultivo, ha resuelto este jueves diversos recursos sobre contratos cuyo importe asciende a 30 millones de euros.
Entre los asuntos sometidos a la resolución del Tarccyl están recursos referentes a la adjudicación del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y mejora de parques, zonas verdes y jardines municipales, del servicio de limpieza de centros provinciales, de obras recogidas en el proyecto de mejora de la eficiencia energética en la instalación de climatización del edificio de usos comunes de un parque tecnológico o, entre otros, el contrato de servicios de festejos taurinos de un municipio.
