El interventor municipal declara este lunes para defenderse de la denuncia penal registrada contra él por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. El máximo responsable del Ayuntamiento entiende que hay datos para pensar que el funcionario pudo asesorar al exjefe de Parques y Jardines, Alberto Vega, en el marco de la trama Raga, ante la constatación de que existía “una relación personal” entre ambos y de que el habilitado nacional habría efectuado “consultas y descargas de documentos individuales y expedientes completos” relacionados con el caso cuando se encontraba de baja, por lo que no existirían “motivos profesionales” que justificaran ese comportamiento.
El presunto apoyo del interventor a Vega supone, a juicio del alcalde, un comportamiento constitutivo de reproche penal, habida cuenta de que se trata del “máximo responsable del control financiero del Ayuntamiento y una de las personas que debería haber detectado las actividades defraudadoras realizadas” presuntamente por el exjefe de Parques y Jardines, a quien se le acusa de haber cometido posibles delitos de “malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales” en el ejercicio de su cargo.
"Hechos con apariencia delictiva"
En lo que el alcalde considera como hechos con apariencia delictiva se incluyen informes policiales vinculados con la investigación a Vega en los que aparecen conversaciones por mensajería con el interventor que evidenciarían la relación personal entre ambos. Ahí se señala que el habilitado nacional habría “aconsejado” al exjefe de Parques y Jardines en una materia que “podría beneficiarle en la investigación”.
Además, en lo referente a la consulta de documentos, la denuncia presentada por Guarido acompaña los datos de una auditoría en la que se reflejan “las numerosísimas ocasiones” en las que el interventor habría mirado los expedientes relacionados con Vega y con el Grupo Raga. El volumen es tal que el alcalde entiende que podría no tratarse de entradas “al azar o casuales, sino reiteradas e intencionadas, con el objetivo claro de mantener un conocimiento actualizado del estado de las gestiones de la UDEV y el Ayuntamiento”.
En la propia denuncia consta también que el interventor podría haber cedido a las presiones, al pasar “del mero asesoramiento y apoyo emocional a una actitud proactiva mediante la consulta constante y reiterada de los expedientes”. Eso habría permitido a Vega contar con “un acceso privilegiado” a información reservada en trámite de investigación judicial y le podría haber llevado a “preparar su defensa con carácter anticipado” a las detenciones.
Para Guarido, esto generaría “una responsabilidad agravada” para el interventor por “tener entre sus funciones legales el control interno de la entidad”, una responsabilidad ciertamente incompatible con ofrecer “una sensible ventaja” a Vega en el marco de la investigación, algo que supuestamente hizo “de forma indebida y en perjuicio de los intereses” del Ayuntamiento.
El alcalde señala la importancia de “proteger el dinero público”
La denuncia formulada por el alcalde de Zamora contra el interventor municipal incluye una referencia a la necesidad de “practicar cuantas diligencias resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos, habida cuenta de la necesidad de proteger el dinero público de la ciudad y de evitar el daño que se pretende infringir” al Ayuntamiento de la capital. El documento remitido al juzgado cita también un presunto “intento de parálisis de la actuación municipal” a través de las denuncias realizadas ante el Tribunal de Cuentas por facturas informadas por el capataz del Ayuntamiento y por el nombramiento de esas misma persona como jefe accidental del servicio de Parques y Jardines de la ciudad.
En todo caso, una de las bazas principales de la denuncia tiene que ver con las ya mencionadas descargas de documentos que el interventor habría llevado a cabo “para trasladar información privilegiada valiéndose de su acceso a esos expedientes” cuando se encontraba de baja médica. La propia denuncia aclara que, ante el descubrimiento de estos comportamientos por parte del interventor, el Ayuntamiento de Zamora llegó a desactivar su perfil dentro del servicio interno municipal para evitar que el funcionario continuara con esas prácticas.
Durante su declaración de este lunes, el interventor del Ayuntamiento de Zamora podrá aclarar todas estas cuestiones que forman parte del entramado que se ha ido destapando en los últimos meses desde el equipo de Gobierno municipal.
