La Audiencia de Zamora acaba de condenar a casi 9 años de prisión por fraude a siete integrantes del grupo criminal liderado por un zamorano y un salmantino que facilitaba ilegalmente acceso a plataformas audiovisuales y de televisión privada en un grupo cerrado de redes sociales que distribuía la señal de Internet a unos 15.000 usuarios de toda España entre mayo de 2019 y 2020.
Un fraude que permitió ganar a la organización criminal 1,2 millones, según la investigación policial emprendida en mayo de 2019 desde Valladolid, donde la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) denunció la actividad, en cuya operación para desmantelar la red intervino la Comisaría de Zamora. El fraude que logró demostrar la investigación del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Valladolid llegó a 1.216.460 euros, según recogía el escrito de la Fiscalía de Zamora, una cantidad a la que ascendía la indemnización para las plataformas afectadas y de la que los ocho acusados han pagado casi en su totalidad, salvo 215.000 euros que tendrán que desembolsar tras la condena de la Audiencia Provincial.
La organización operaba también desde Córdoba, de donde era otro integrante; desde Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva), donde residían tres de sus miembros; y desde Málaga (Benalmádena), de donde era el otro. Estos cinco imputados tenían la función de distribuir ilegalmente los contenidos audiovisuales y de televisión de forma coordinada a los miles de usuarios que habían captado y que pagaban una cantidad previa a recibir los contenidos, inferior a las de las plataformas legales.
Zamora, el centro logístico
Zamora era el centro logístico de la red criminal desde el que se organizaba al grupo cerrado de usuarios a través de una aplicación informática de mensajería, gestión que el procesado de la capital, condenado a 23 meses de cárcel, hacía desde su domicilio. La Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) de Zamora colaboró en el registro, en las fases previas de ubicación y localización del zamorano, quien gestionaba desde su casa los paneles de IPTV, cerrados en ese momento por los policías, además de intervenir y bloquear las cuentas de pago por Internet y plataformas de banca online del grupo y que canalizaban los beneficios desde Zamora.
Por su parte, el salmantino, con idéntica condena, 23 meses de cárcel, era el administrador de la página web desde la que redirigían los servicios ilegales para que los usuarios pudieran acceder a plataformas de canales de televisión privada, como puede ser las que tienen contenido de fútbol o de series y películas (Netflix, Amazon Prime o HBO), a través de ese sistema IPTV.
Las penas
Las penas impuestas para los otros cinco integrantes de la red oscilan entre los 18 y los 9 meses, en función de su mayor o menor implicación en los fraudes: 18 meses, para uno de ellos; 16, para otro; y 9 para los tres restantes. Antes de lograr la conformidad con la Fiscalía y reconocer su pertenencia a la red ilegal, los procesados han abonado la mayor parte del beneficio que obtuvieron, 1.216.460 euros, y quedan pendientes 250.000 euros, lo que ha permitido reducir las penas, según ha informado la Fiscalía Provincial.
La suspensión de la ejecución de las penas de cárcel se condiciona a no cometer en dos años un nuevo delito, caso en el que ingresarían en un centro penitenciario de inmediato, así como si dejaran de pagar las cuotas diarias de las multas impuestas que ascienden a un total de 2.160 euros para cada uno de los encausados, que llegaron al acuerdo el mismo día que debía celebrarse el juicio en Zamora.
Los agentes que investigaron el fraude situaron inicialmente el perjuicio patrimonial para las plataformas legales pirateadas en unos 11.830.000 euros; y en 3.144.000 euros para Hacienda al dejar de recaudar los impuestos pertinentes, de acuerdo con la información difundida tras la operación policial. En los registros hallaron siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno; casi 11.000 euros en efectivo; una importante cantidad de material informático; teléfonos móviles y documentación que demostraba los delitos que se estaban investigando.
La operación permitió la desarticulación del mayor grupo criminal de Castilla y León, y uno de los más potentes del país, dedicado al fraude de las telecomunicaciones mediante la facilitación, previo pago, de servicios audiovisuales a través de IPTV. La denuncia la investigó el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Valladolid y, al haber implicados en varias provincias, apoyó la Comisaría General de la Policía Judicial y plantillas de comisaría de las localidades en las que residían los integrantes de la red criminal.
