La Opinión de Zamora

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Más de 4.000 zamoranos se benefician de forma directa del decreto anticrisis

Perceptores del Ingreso Mínimo Vital y de pensiones no contributivas recibirán incrementos del 15% en su asignación hasta final de año

Usuarios de la Casa Betania guardan turno para recibir alimentos. Jose Luis Fernández

La delicada situación económica de las familias zamoranas hace que miles de personas en la provincia se vean directamente beneficiadas por las medidas anticrisis aprobadas este fin de semana por el Consejo de Ministros. Lo harán los grupos más vulnerables, tales como pensionistas, desempleados, autónomos cuyos ingresos hayan descendido estrepitosamente, perceptores del Ingreso Mínimo Vital o las rentas más bajas. También hay medidas de protección para que los más vulnerables no sufran cortes eléctricos, ni sean desahuciados, ni les puedan subir el alquiler. En un territorio que carece de sueldos boyantes, estas ayudas caen como agua de mayo en el bolsillo de los ciudadanos.

El Boletín Oficial del Estado recogía en su edición de ayer el desglose de medidas aprobadas por el Gobierno de España para ofrecer desahogo a las familias en este escenario desbocado de inflación en mitad de la crisis pospandemia. Entre ellas, figura la subida de un 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas que supone un incremento aproximado de 60 euros al mes, 360 euros de aquí a final de año. En la provincia de Zamora, esta medida beneficia a cerca de 2.000 perceptores. Concretamente, con datos cerrados del año 2021, existen en el territorio 1.134 personas que cobran pensiones no contributivas de jubilación con una renta media de 394 euros y otras 780 personas que cobran la invalidez, con un montante que asciende a 440 euros de media. Sumando unos y otros, el resultado es una percepción que asciende a 413 euros.

El real decreto-ley anticrisis que adopta y prorroga las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad y para encarar la inflación apuesta también por el mantenimiento del incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. En la provincia de Zamora, con datos del mes de mayo aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 2.136 personas perciben esta ayuda. De ellos, 1.275 son adultos y 861 son menores de edad. Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación y en este territorio, el mes pasado, más del 40% de los titulares eran menores.

Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, el Gobierno de España ha decidido mantener la prohibición de suspender el suministro de energía y también el tope a la subida de los alquileres. Esta última medida afecta a más de 5.000 viviendas en la provincia de Zamora que están constituidas como hogares en régimen de alquiler, de acuerdo con las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con lo establecido, los caseros tan solo podrán aplicar un incremento del 2% como máximo, en lugar de ajustar una subida del IPC que ascendería a más de un 8% en su totalidad. Una medida que permanecerá vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Además, se prorroga a septiembre el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social, como también lo hacen las ayudas a la sequía y se prohíbe que el aumento los costes energéticos pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la administración, tal y como se desprende del decreto.

Reducción generalizada del 5% en el IVA de la factura de luz

El real-decreto de medidas anticrisis incluye una bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% que se aplicará a los consumidores, sean empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Esa rebaja se mantendrá en ese 5% hasta fin de año, siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros por megavatio hora. Así, si baja de esta cantidad, la bajada dejará de aplicarse en general, pero se mantendrá para los usuarios vulnerables severos y en riesgo de exclusión. Además, se plantea también una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y otra prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. En el ámbito de los carburantes, se mantiene también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. También se congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros.

Respecto a la rebaja del abono transporte, se establece desde el 1 de septiembre la reducción del 50% del precio de los abonos mensuales en empresas estatales, como Renfe, aunque eso en la provincia de Zamora no va a tener impacto debido a la negativa reiterada por parte de la operadora ferroviaria de establecer este tipo de servicio. Además, se plantea una baja del 30% para los abonos dependientes de las empresas autonómicas y locales, si bien el real decreto-ley precisa que se trata de un descuento voluntario para gobiernos regionales y ayuntamientos, puesto que son los que tienen las competencias. Quienes tomen la decisión de poner en marcha esta rebaja podrán cobrar esas ayudas, estimadas en 200 millones de euros. Asimismo, en su mano estará incrementar el descuento del 30 al 50% si así lo desean, aunque completando la diferencia con sus propios recursos económicos.

Para estas ayudas queda excluido el billete de ida y vuelta. Además, en el caso de abonos de transporte de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses, de acuerdo con el texto del decreto.

Ayuda de 200 euros para las familias en alto riesgo de vulnerabilidad

El Gobierno aportará también una ayuda de 200 euros a personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros. El real decreto-ley de medidas anticrisis precisa que lo podrán solicitar asalariados, autónomos y desempleados, pero no pensionistas o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, indica que los ingresos inferiores a 14.000 euros deben corresponder a la suma de los miembros de la unidad de convivencia, que estará compuesta por las personas que vivieran junto al solicitante a 1 de enero de 2022 con relación de parentesco o familiar, o de acogida hasta de tercer grado desde dos años antes. Para esta ayuda, también se marca como requisito que el patrimonio de la unidad de convivencia no supere los 43.196,4 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual. Este cheque, que será gestionado por la Agencia Tributaria, se puede pedir hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con los plazos establecidos por el Gobierno de España.

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