“El Camino del Sol” pasó por Zamora con un gran éxito de convocatoria. La campaña promovida por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) llenó el salón de actos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de pequeños productores fotovoltaicos –en su mayoría socios de Anpier– que atendieron al análisis de la situación del sector llevado a cabo por los dirigentes de la asociación. El encuentro también sirvió para que los socios de Anpier conocieran el trabajo llevado a cabo por la entidad en los últimos tiempos en defensa de los intereses de los pequeños productores fotovoltaicos, y para que tuvieran oportunidad de trasladar sus dudas, quejas o sugerencias. Entre los intervinientes estaban el delegado de Anpier en Castilla y León, Alberto Nieto; el director general de Anpier, Rafael Barrera Morcillo y el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

Un momento de la jornada organizada por Anpier en Zamora. José Luis Fernández

En primer lugar, Rafael Barrera resumió el trabajo que viene haciendo Anpier para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector de las energías renovables, velando muy concretamente por los derechos de los pequeños productores.

De izquierda a derecha: Alberto Nieto, Miguel Ángel Martínez-Aroca y Rafael Barrera se dirigen al público zamorano. José Luis Fernández

Tal y como recordó el director general de la asociación, esta entidad sin ánimo de lucro nació de la necesidad de defenderse de los “brutales” recortes llevados a cabo a partir de 2009, y con carácter retroactivo, a la rentabilidad establecida por parte del Ministerio de Industria para las instalaciones de energías renovables. En Castilla y León se vieron afectadas más de 6.000 familias.

Anpier cuenta en su equipo con un ingeniero, un asesor fiscal y dos abogados para defender los derechos y los intereses de los pequeños productores de energía fotovoltaica. En los últimos 12 años han trabajado intensamente para evitar aún más recortes al dinero que reciben estas familias por la energía eléctrica que producen sus instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas, y para ello revisan cada nuevo proyecto legislativo que pueda afectar al sector de las renovables, y presentan alegaciones cada vez que es necesario. Solo en los últimos meses se han presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley de evaluación ambiental y al de la Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Además, están en continua interlocución con los distintos grupos políticos para hacerles entender cómo sus decisiones pueden afectar a los pequeños productores de energía limpia y, por supuesto, han acudido a los tribunales.

En este trabajo, los representantes de los pequeños productores se sienten “como David luchando contra Goliat”. Las grandes instalaciones de energías renovables, que están en manos de fondos de inversión extranjeros, recuperarán lo recortado porque tienen la posibilidad de acudir al arbitraje internacional de entidades como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington DC, que laudo tras laudo condena al Reino de España por los recortes retroactivos. Sin embargo, dentro del país, los tribunales no tienen la misma postura. Esto podría llevar a los grandes productores a elevar su rentabilidad hasta las dos cifras (entre un 10% y un 12%) mientras que, de momento, los pequeños productores siguen percibiendo una rentabilidad del 7,39%, una cifra preocupante dada los niveles de inflación. Por eso entre las demandas de Anpier está la equidad para que todas las instalaciones tengan la misma rentabilidad, independientemente de su tamaño y de si el capital es extranjero o nacional.

Los esfuerzos de Anpier se centran en que la transición hacia las energías renovables no deje por el camino a los primeros españoles que apostaron por esas nuevas formas de producir energía limpia. “No podemos hablar de una transición energética justa si damos la espalda a las primeras personas que apostaron por las renovables”, insistía el director general de Anpier. Se refiere a familias españolas que en 2006, 2007 y 2008 invirtieron sus ahorros, o incluso hipotecaron sus propiedades, para poner placas fotovoltaicas en sus fincas, en sus viviendas. No esperaban percibir una rentabilidad inferior a la que se les concedió en un primer momento.

En este esfuerzo el trabajo del departamento jurídico de Anpier es muy importante, pero también su labor de difusión a la sociedad de lo ocurrido en los últimos años a estos productores.

Además de todo ello, el equipo de Anpier se encarga de atender las necesidades de sus socios para responder sus dudas técnicas, legales o fiscales relacionadas con sus instalaciones fotovoltaicas. “Tratamos siempre de dar una solución o al menos una primera evaluación en cuestión de horas”, aseguraba Barrena, animando a los socios zamoranos a acudir a ellos cada vez que lo requieran.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, el presidente de Anpier, es quien pone rostro y voz a todo ese trabajo a la hora de representar a los pequeños productores de fotovoltaica ante las instituciones. Tras 12 años de intenso trabajo esta asociación se ha convertido en el referente en el sector fotovoltaico español, algo que se nota en la interlocución constante que mantienen con todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados, y con el Gobierno, tanto con el presidente como con la ministra del ramo, en este caso Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera, que dirige la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Este trabajo va destinado a que los políticos tengan siempre presentes a los pequeños productores fotovoltaicos. Lo que demandan es principalmente estabilidad regulatoria, con el anclaje del último periodo regulatorio, y la extensión de la vida útil regulatoria de las instalaciones fotovoltaicas para poder producir durante seis años más en las mismas circunstancias, lo que permitiría alargar estas condiciones hasta el año 2043.

El trabajo de Martínez-Aroca y del resto de representantes de Anpier en los despachos de las instituciones ha evitado que en la actual crisis energética el sector sea el objeto de las miradas del Gobierno a la hora de aplicar nuevos recortes, que en esta ocasión afectarán principalmente las grandes compañías eléctricas.

Anpier

Por último, el delegado territorial de Anpier, Alberto Nieto, detalló las perspectivas de futuro del sector fotovoltaico, cuya hoja de ruta viene trazada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, en el que ocupan un papel relevante los pequeños desarrollos fotovoltaicos que se integran en las redes de distribución en un rango de potencia que va desde la pequeña instalación de autoconsumo de 3 kW a los parques de 5 MW. El handicap está en que los actuales nodos de acceso a la red ya están copados.

En el nuevo plan se fomenta el autoconsumo, especialmente mediante las comunidades energéticas, que no son más que una fórmula en la que un grupo de personas comparten las placas para producir la energía que consumen y evitar así que un pueblo, una urbanización o una comunidad de vecinos dependa de las compañías eléctricas.

Este tipo de instalaciones pequeñas y medianas se integran mejor en el paisaje que los grandes macroparques, y su cercanía a los puntos de consumo permite reducir costes de transporte y las pérdidas de energía. Sin embargo, el coste de cada unidad instalada es mayor que en los grandes parques, que aprovechan las ventajas de la economía de escala.

En definitiva, el futuro de la energía en España pasa imprescindible por la fotovoltaica, y las instalaciones pequeñas y medianas deberían jugar un papel fundamental, porque constituyen la forma más sostenible de producir electricidad.

En ese marco, Anpier es una herramienta fundamental para defender los intereses de los productores locales, al haberse convertido en un referente en el sector gracias a su intenso trabajo en los últimos 12 años.