La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial entienden que la Confederación Hidrográfica del Duero debe evitar ciertos castigos injustos a los ayuntamientos por problemas con la depuración de sus aguas residuales. Ambas instituciones reclamaron este martes “flexibilidad”, especialmente en los casos en los que la sanción viene motivada por retrasos de la propia CHD a la hora de acometer las obras para mejorar esa gestión en los municipios.
Cumplimiento del protocolo
El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, y el vicepresidente tercero de La Encarnación, Javier Faúndez, demandaron mayor brío a la Confederación y al Gobierno de España para que cumplan el protocolo sellado en 2015 y que se formalizó para “distribuir las necesidades de depuración”. De hecho, el Ejecutivo central “se autoasignó varias actuaciones que, a fecha de hoy, no están ejecutadas”. “Periódicamente hablamos con la Confederación para pedirle que avance”, señaló Jiménez, que demandó, al menos, el establecimiento de un calendario de actuaciones y flexibilidad a la hora de limitar las sanciones.
En ese sentido, el responsable de la Junta dejó clara la pertinencia de conocer los planes de la CHD en municipios como Monfarracinos, Coreses o Fermoselle, que son algunos de los afectados por esta cuestión y, aunque se mostró comprensivo con la compleja realidad de las administraciones, dejó claro que las actuaciones se deben acometer cuanto antes. Especialmente, porque “el propio organismo que no les da una solución está estableciendo sanciones”.
Por otro lado, los representantes de la Junta y de la Diputación repasaron los proyectos que tienen en marcha para construir depuradoras en los municipios de 500 a 2.000 habitantes o equivalentes. En estos momentos, hay veinte iniciativas en marcha para estas localidades, con una inversión de once millones de euros. De ellas, se encuentran en ejecución las depuradoras de La Bóveda de Toro, Castrogonzalo, Ferreras de Abajo, Fuentelapeña, Fuentes de Ropel, Montamarta, El Perdigón, Quiruelas de Vidriales y Santibáñez de Vidriales; en fase de licitación las de Corrales, Morales de Rey y Villabuena del Puente; pendientes de la aprobación del convenio, Bermillo, Camarzana de Tera, Carbajales de Alba y Villamayor de Campos; en fase de redacción. Manganeses de la Lampreana y Vezdemarbán; y ya en marcha, Alcañices y Villamor de los Escuderos.
Plan piloto para los municipios de menos de 500 habitantes
La reunión mantenida en la sede provincial sirvió también para acordar la puesta en marcha del plan piloto de depuración en poblaciones de menos de 500 habitantes equivalentes en la provincia de Zamora, al que tanto la Diputación como la Junta de Castilla y León aportarán 350.000 euros. Esa inversión se complementará con el dinero que aporten los ayuntamientos que voluntariamente se adhieran a este plan piloto. Entre todos, inyectarán 140.000 euros, que se corresponden con el 20% del coste de las obras. La idea es actuar en seis u ocho poblaciones en este ejercicio y ampliar esa cifra de cara a 2023. En este ejercicio se priorizará a quienes tengan revocado el vertido, a los municipios con figuras de protección y a quienes estén realizando vertidos a ríos, según aclaró el responsable provincial, Javier Faúndez.
