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El impacto ambiental de la macrogranja de Alba es legal, según el Supremo

El Alto Tribunal ni siquiera admite a trámite el recurso de la Plataforma contra el fallo del TSJ que descartó revisar la decisión de la Junta

Zamoranos en una manifestación de macrogranjas. Javier de la Fuente

La declaración de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León para la macrogranja de Carbajales de Alba se ajusta a la legalidad, de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo que no ha admitido siquiera a trámite el recurso de casación de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente Tierra de Alba en el que exigían la anulación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Esta instancia judicial de la Comunidad Autónoma rechazó ya la pretensión del colectivo ciudadano en marzo de 2022 y le impuso las costas del juicio.

La sala de lo Contencioso del Alto Tribunal español impone las costas del juicio a la Plataforma y varios particulares que recurrieron en casación el fallo del TSJ que desestimó la revocación del impacto ambiental que solicitaron en su día ante este último organismo.

El Supremo considera que existe “falta de fundamentación en el recurso" y alude a la “carencia de interés tasacional”, puesto que, en contra de lo que sostienen los impulsores del recurso, los magistrados entienden que no existen sentencias del organismo judicial que conforman que sean contradictorias con la decisión del TSJ de Castilla y León. Así pues, el Supremo dictó la providencia el 18 de mayo de 2022 que inadmite a trámite el recurso de tasación.

Los magistrados de la sala del Contencioso de Valladolid sostienen en su sentencia del 19 de marzo de 2022 que la Junta de Castilla y León no había contravenido la normativa vigente en los procedimientos administrativos, ni tampoco en la declaración previa de impacto ambiental. Estos eran, precisamente, los argumentos de la denuncia de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente Tierra de Alba. De esa forma, confirmaban la sentencia del Juzgado Contencioso de Zamora.

Los magistrados de Valladolid apuntan, asimismo, que aceptar sus pretensiones implicaría que se podrían revisar todas las decisiones de las administraciones públicas. Los expedientes fueron aprobados por la Junta, con informes de Agricultura, de Medio Ambiente y de Cultura, y por la Confederación Hidrográfica del Duero, tras pasar una tramitación “estricta para valorar los posibles efectos negativos” de la explotación ganadera, subrayaron los promotores.

Las obras del proyecto están ya marcha, tras obtener la licencia del Ayuntamiento de Carbajales de Alba del 30 de diciembre de 2020, y después de que la Plataforma no consiguiera la paralización de los trabajos como medida cautelar.

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