La Fiscalía exige más de 1.100 años de prisión y multas millonarias para los 108 imputados en la trama internacional de “inmigración ilegal” de ciudadanos chinos por detención ilegal, blanqueo de dinero, delitos contra la Hacienda Pública y corrupción de funcionarios, caso que llegó hasta Zamora en octubre de 2012 con el procesamiento contra jefa de sección de la Oficina de Extranjería en la Subdelegación del Gobierno, a la que la Fiscalía acusa de favorecer a la red con la agilización de permisos de residencia y trabajo para empleados de la "organización criminal". La zamorana se enfrenta a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de fuentes judiciales.
La funcionaria, de iniciales M.P.G.V., que permaneció dos días detenida cuando la Policía Nacional desmanteló la trama el 16 de octubre de 2012, tras ser detenida en la “operación Emperador”, está acusada de “agilizar y facilitar en Extranjería los trámites de inmigración ilegal de trabajadores” del país oriental “para las empresas” del conocido industrial Gao Ping de nacionalidad china, según la Fiscalía. Para el empresario, al que se considera el cabecilla de la supuesta red criminal, el Ministerio Público exige la mayor pena de prisión, 47,3 años, explican las mismas fuentes.
Dádivas y recompensas
Por su parte, la zamorana M.P.G.V., que en el año 2000 fue nombrada responsable de la sección, recibiría “dádivas y recompensas”, lo que supone un delito de cohecho activo. En el escrito de acusación, que imputa a otro funcionario por el mismo delito, al que la acusación pública solicita dos años de cárcel, se indica que las empresas de la organización se nutrían de trabajadores gracias a la “influencia de funcionarios de la Administración española, gestorías y despachos de abogados”. Uno de los acusados de nacionalidad china, de iniciales L. W., sería quien mantenía los contactos con la responsable de la sección de Extranjería de la Subdelegación de Zamora, quien también ostentaba en ese periodo la Secretaría de la Ejecutiva de Zamora del sindicato UGT-FSP de Castilla y León.
La funcionaria zamorana habría recibido durante 2012 distintas cantidades de dinero y regalos por orden del jefe de la organización Gao Ping, como compensación por la rápida tramitación de documentación de los trabajadores que llegaban a España para emplearse en las sociedades del emoresario chino. Se indicó que habría recibido unos 10.000 euros, tras su boda, cuando tres de los integrantes de la supuesta organización criminal tramitaron su documentación en la Subdelegación de Zamora.
Además, la imputada habría realizado algún viaje como regalo del supuesto cabecilla de la red, indican fuentes judiciales. Durante la investigación se apuntó que también habría recibido relojes y bolsos de alta gama, de acuerdo con la exposición de hechos realizada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
Archivo de la causa
Sin embargo, el abogado de la defensa de M.P.G.V. considera que no existen pruebas que la vinculen con la red que describe la Fiscalía y que, en todo caso, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado los escritos de acusación fuera de plazo, transcurridos once años desde que se iniciaron las diligencias judiciales. Por tanto, pide el sobreseimiento y archivo de la causa. La exjefa de la sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación está en libertad provisional desde el 18 de octubre de 2012.
La causa de la Audiencia Nacional, fue iniciada por el juez Fernando Andreu y que ha proseguido José Luis Calama Teixeira. En la dirección de la trama en cuya estarían directamente implicados nueve de los procesados para los que se exige entre 23, 33 y 47 años de cárcel. Los encausados de nacionalidad china suman 59, mientras que 36 son españoles, además de franceses, estadounidenses y latinos.
Inicialmente, la zamorana estaba investigada, además de por cohecho, único delito por el que la Audiencia la procesa finalmente, por los de prevaricación y cooperación con banda criminal y falsificación. M.P.G.V. aseguró en octubre de 2012, ante el juez Andreu, que su trabajo se limitó a tramitar con diligencia y sin ninguna irregularidad cualquiera de las solicitudes de residencia y trabajo de ciudadanos extracomunitarios que llegaron a su área de competencia, según adelantó entonces LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
