“Cuando la deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores era la justa para no caer en el delito”, los tres empresarios de Benavente con que compartirían seis sociedades trasladaban a los trabajadores de una a otra hasta defraudar a la Tesorería 1.162.000 euros, sostiene la Fiscalía Provincial que exige a la Audiencia de Zamora una condena a 15 años de cárcel para los acusados por constituir “un grupo criminal”. Las seis sociedades compartían las instalaciones, la maquinaria y la materia prima y el mismo domicilio fiscal y físico, según el informe de la Inspección de Trabajo y los investigadores policiales del caso.
Los industriales benaventanos imputados, de iniciales T.C.Z, O.J.G.C. y A.B.L., “crean toda una pantalla, un entramado para no cotizar mediante esa movilidad de empleados”, afirmó ayer la fiscal en el juicio celebrado en la Audiencia. Una trama descubierta por la Inspección de Trabajo y que motivó un expediente administrativo, “que ninguno recurrió”, y que terminó en la Fiscalía por la denuncia de la Tesorería General de la Seguridad por el delito de defraudación, cuyo abogado reiteró la petición de entre 2 y 6 años de cárcel para los procesados.
Los agentes de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) que investigaron el posible fraude confirmaron que existía “un entramado empresarial” de T.C.Z. -con antecedentes por insolvencia punible, detenido por otros delitos- O.J.G.C. y A.B.L., tal y como indicaba el informe de la Tesorería, si bien solicitaron más datos para cimentar su acusación, acudieron al Registro Mercantil, comprobaron los certificados de deuda y si las empresas figuraban a nombre de los tres imputados.
Los acusados “se alternaban como administradores de las sociedades” destinadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la selvicultura con domicilio fiscal en la oficina de O.J.G.C., indicó el letrado de la Seguridad Social, que subrayó. La conclusión fue la misma que la de la subinspectora de Trabajo que declaró en el juicio que “era evidente el ánimo defraudatorio para evitar el pago a la Seguridad Social, crean una empresa tras otra con ese ánimo, por eso se elabora el informe, y había una movilidad de empleados, periodos de altas y bajas en las empresas de T.C.Z. y de O.J.G.C.”.
La funcionaria explicó a la sala de la Audiencia presidida por el presidente Pedro García Garzón, que “todas las empresas eran de explotación forestal” y constituían “un entramado empresarial con un objetivo social similar”, concretó que tenían “un solo centro de trabajo en el que se hacían láminas para elaborar cajas de madera” para frutas.
Grupo criminal organizado
Los policías de la UDEF de la Comisaría de Zamora estudiaron “la forma en que las empresas generan deuda y cuánta llegaron tener”, así como el supuesto modus operandi para cometer el delito: “cerraban una empresa y abrían otra que hace el mismo trabajo, con la misma herramienta y en el mismo lugar, según los empleados”. El policía hizo referencia a que los acusados O.J.G.C. y A.B.L., de acuerdo con las pesquisas de la UDEF, “se coordinaron y crearon un grupo criminal organizado para defraudar a la Seguridad Social, daban de baja a trabajadores en una empresa y de alta en otra”.
Las funciones estaban “definidas” y otorgarían “a T.C.Z., el principal responsable de la organización, el abastecimiento de la materia prima y el conseguir contratos con clientes y trabajadores; a O.J.G.C., la parte administrativa; y A.B.L., la dirección de la fábrica que hacía las cajas de madera en la nave de Maderas y Palés San Cristóbal de Entreviñas”, abundó el investigador policial.
Según el agente, “para no llamar la atención iban dando de baja a los trabajadores y dejaban a las empresas paradas, sin contenido, a medida que iban incrementando la deuda con la Seguridad Social, para llevarse la actividad a otra” de las creadas con tal finalidad. Llegaron a tener, de acuerdo con la versión del policía, “seis empresas en un año con una deuda importante. Había trabajadores temporalmente porque iban acogidos a periodos fiscales para no acumular tanta deuda y terminar en el Juzgado”.
La defensa pidió la nulidad de las actuaciones porque la instrucción no fue declarada compleja para poder ampliar la investigación iniciada en mayo de 2018 más allá de los seis meses que permite la Ley. El abogado asegura, asimismo, que se ha conculcado el derecho de defensa porque la Fiscalía introdujo datos de deuda de junio de 2019, por tanto el procedimiento está contaminado. Sostuvo, además, que los tres encausados no tenían relación empresarial y que O.J.G.C. ha querido pagar 32.000 euros de deuda sin lograrlo.
Además de Maderas y Palés San Cristóbal de Entreviñas, el grupo estaría formado por Maderas y Embalajes; Gestiones Forestales Garcal; Explotaciones Forestales Benavente; Maderas Vidriales y Fondos Benavente, indicaron la fiscal y el letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social.
