Un matrimonio y sus dos hijos se enfrentan a 80 años de prisión (a 20 cada uno de ellos) por explotar laboralmente a migrantes rumanos en riesgo de exclusión, algunos discapacitados psíquicos, captados en Zamora a los que pagaban entre 10 y 15 euros semanales de sueldo por trabajos en la agricultura, según la acusación de la Fiscalía de Sevilla, provincia a la que fueron trasladadas las víctimas, según recoge Europa Press.

Los imputados, también de nacionalidad rumana, están procesado por diez delitos contra compatriotas, a los que tendrían acogidos “en deficientes condiciones de salubridad” en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, a los que daban un trato vejatorio con insultos como “vagos, piojosos o cerdos”, según la Fiscalía.

Los cuatro encausados se sientan hoy, día 23, y el jueves, 26 de mayo, en el banquillo de los acusados por dedicarse desde 2019, al menos, “de forma organizada, tanto jerárquica como funcionalmente, a la captación de compatriotas rumanos bajo la falsa promesa de trabajo digno y bien remunerado, con el único propósito de explotarles laboralmente”.

“El clan era dirigido por Vasile P.”, el cabeza de familia, “quien se ayudaba de su mujer Sorina P., en labores de dirección y control doméstico”, mientras que sus hijos Alexandru T. e Ionurt D.P., se encargaban “del traslado y la custodia de las víctimas”, a los que retenían la documentación, sostiene escrito del Ministerio Público.

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El responsable de la red familiar, “aprovechando la precariedad, desesperación, discapacidad mental y limitados conocimientos” de varios compatriotas rumanos que se encontraban en Coreses, “les ofreció la posibilidad residir en Sevilla, “bajo la promesa de un trabajo en el campo, bien remunerado y con un alojamiento digno”, según recoge la agencia de noticias.

En la primavera de 2020, Vasile P. y sus hijos trasladaron e instalaron a las víctimas a la localidad sevillana, donde los mantuvo “en una única habitación” de una vivienda, donde “sólo contaban con cinco colchones distribuidos en el suelo, con una ventana de reja que no disponía de cristal, sin luz ni agua y en deficientes condiciones de salubridad”, agrega el fiscal.