Los tribunales, los operadores jurídicos, ya están poniendo límites a la tecnología en el mundo laboral y en las relaciones sociales en España, de modo que, “no es absolutamente incontrolable, no tenemos aún una legislación fluida”, pero se está en el camino para evitar un impacto negativo en los derechos constitucionales y en el entorno laboral, explicó ayer el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Emilio García Martín, al abordar esta cuestión en el Congreso sobre “La Inspección de Trabajo frente a la revolución 4.0”, organizado por el sindicato de la Unión Progresista de Inspectores e Inspectoras de Trabajo (UPIT) celebrado en Zamora.
Los conceptos tradicionales del derecho del Trabajo están cambiando, al igual que en otros ámbitos, “pero eso no quiere decir que no vaya a haber normativa, hay que renovarlos como ocurrió en la primera revolución industrial, cuando se pasó de una sociedad medieval de gremios a una sociedad industrial".
"Eso genera crisis, un cambio demasiado rápido; a veces, incertidumbres pero, al final, el ser humano es capaz de dotarse de los instrumentos normativos necesarios” para controlar a las máquinas, concluyó García Martín. Detrás de la máquina siempre habrá un ser humano, expuso en la mesa redonda sobre “Digitalización en el entorno de trabajo y consecuencias en la actuación inspectora”.
Sin perder el ritmo
La tecnología y la ciencia “siempre irán por delante del legislador, ahora mucho más por la capacidad que existe de procesamiento de datos, de desarrollo de componentes, con la capacidad industrial, pero el derecho no puede perder el ritmo”. Es decir, “los tribunales, las leyes, los operadores jurídicos, los órganos de control tenemos que estar permanentemente atentos a lo que está ocurriendo para tratar de poner coto a esas consecuencias” negativas, no a la tecnología y la ciencia, indicó a los más de 140 inspectores e inspectoras de Trabajo de todo el país que escuchaban su ponencia y que han reflexionado desde el jueves sobre los retos a los que se enfrentan con la reforma laboral y el impacto de la digitalización en ese ámbito.
El director de Inspección del Gobierno vasco, perteneciente al colectivo y con años de experiencia profesional como funcionario, se mostró convencido de que “el legislador, los juristas, sabrán poner coto a las consecuencias para la ciudadanía, en general, a veces, inesperadas, indeseadas o propiciadas deliberadamente”.
Una exigencia ineludible será establecer en la normativa con detalle las responsabilidades de cada actor social, evitar que las nuevas tecnologías las puedan diluir, lo que “sería un problema para que una sociedad funcione y lo haga de una forma cohesionada”, abundó.
Educación digital
El experto incidió en la necesidad de una educación tecnológica, “en las generaciones más jóvenes, sobre todo, que son los que están más familiarizados con las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, los más esclavizados por ellas”.
Por su parte, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de León, Juan José Fernández Domínguez, incidió en la labor de control de estos altos funcionarios del Ministerio para evitar los abusos en las relaciones laborales, desde la percepción de que “habrá que hacer más seguimiento de los contratos a tiempo parcial, me preocupan porque puede haber casos raros”, en respuesta a algunos de los participantes en el Congreso.
En cuanto a la valoración de la evolución de los contratos fijos discontinuos, se hizo gala de la cautela, por cuanto su entrada en vigor es muy reciente para analizar los datos, “hay que esperar a ver su aplicación, hay actividades que se están regularizando”.
El secretario de Estado de Empleo: “la Junta no está aprovechando los estímulos del Gobierno para crear empleo”
Los inspectores y las inspectoras de trabajo tienen garantizados los “medios humanos y materiales necesarios para que pueda llevar a cabo con especial intensidad su trabajo, para que la reforma laboral se cumpla, dé todos sus frutos”. En definitiva, para poner fin a la precariedad laboral que caracteriza a este país, acaba de declarar en Zamora el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. El representante del Ministerio reiteró el “compromiso firme y decisivo con la Inspección” en ese sentido para dotar al “cuerpo de élite” de esa Administración de lo necesario para cumplir sus funciones, subrayó en la clausura del Congreso del sindicato UPIT.
La inminente campaña para controlar las condiciones de aplicación de la reforma es una de esas armas que tendrá la Inspección de Trabajo “para controlar la contratación temporal, los trabajadores fijos discontinuos”. Pérez Rey se refirió a las expectativas abiertas con la nueva normativa, tras la creación de más de 1.800.000 contratos en cuatro meses, cifra que “no habría sido posible sin la Inspección, ni la Ley Raider”.
Convencido de que la reforma “propicia un cambio cultural”, considera que “en Castilla y León no se está aprovechando el conjunto de estímulos que desde el Estado se están invirtiendo, piensen que solo en la pandemia del COVID invertimos más de 600 millones para los ERTE”.
No ha desaprovechado la ocasión para incidir en que “eso ha propiciado que el mercado laboral hoy en esta comunidad autónoma tenga cifras mejores que antes de la pandemia”. Así y todo, la reforma laboral está dejando beneficios en esta comunidad: “ En abril casi uno de cada dos castellanos y leoneses contratos fue indefinido”.
