Más de 1.000 euros llegó a cargar a la empresa para la que había estado trabajado y que le acababa de despedir. El exempleado compraba botes de pintura grandes y facilitaba los datos de su antiguo jefe para abonar las compras como si continuara contratado y como autorizado por la firma.

Cuando acudía al establecimiento que comercializaba las pinturas, el hombre manifestaba que disponía de la autorización del representante legal de la empresa para llevar a cabo las compras y los vendedores le dispensaban el material en la creencia de que contaba con dicho permiso, ya que le conocían.

Lo que no sospechaban era que había sido despedido y que estaba cometiendo un delito. La Fiscalía calificó su conducta como una estafa, cuyas evidencias llevaron al imputado a reconocer los hechos y comprometerse a reponer las cantidades que endosó a la sociedad para la que había trabajado por adquirir botes de pintura que, en realidad, eran para él.

La admisión de los hechos permitió a la magistrada del Juzgado de lo Penal dejar la pena de prisión por la estafa en seis meses, pena que acordó suspender durante dos años durante los que el condenado no podrá delinquir.