La provincia de Zamora no ha registrado ningún aborto desde el año 1988, que es el momento en que el Ministerio de Sanidad comenzó a recabar cifras sobre este derecho. Un dato que revela la brecha territorial que sufren las mujeres zamoranas que optan por la interrupción voluntaria del embarazo. Además de tener que pasar por un episodio que a menudo resulta traumático, lo tienen que hacer lejos de casa y, generalmente, en centros privados. Una anomalía que el Ministerio de Igualdad quiere corregir a través de la reforma de la ley que mañana abordará el Consejo de Ministros. La nueva norma quiere garantizar que en todos los centros públicos se realiza este tipo de intervenciones y que todas las mujeres tendrán ese derecho al alcance de su mano.
Los datos correspondientes al año 2020 son los últimos que se han notificado respecto a interrupciones voluntarias del embarazo. En el conjunto de España se produjeron 88.260 intervenciones, una cifra inferior a la de años anteriores debido a la irrupción de la pandemia del coronavirus. Estos números, eso sí, vuelven a reflejar la desigualdad territorial en un derecho vigente desde el año 1985 y que afronta ahora un cambio de las normas vigentes.
Y es que, la provincia de Zamora es una de las doce de toda España que no ha notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años. Ni tan si quiera en centros privados. Se trata de Jaén en Andalucía; Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Aragón; Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León, y Cáceres en Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y de todas ellas, hay ocho que nunca han practicado abortos, que son Ávila, Palencia, Segovia, Cáceres, Cuenca, Toledo, Teruel, Ceuta, Melilla y Zamora.
Ahora bien, que no se practiquen no quiere decir que no existan. De hecho, atendiendo al lugar de residencia de las mujeres que han abortado en cualquier punto de España, se puede comprobar, por ejemplo, que en el año 2020 hubo 108 abortos solicitados. En el año 2019 fueron 146. Y, en el 2018, un total de 139. En el año 1988, el primero del que se tienen registros, se solicitaron 152 intervenciones de zamoranas. Y el 1999 fue el año que más interrupciones se produjeron, con un total de 183, de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Sanidad.
Las mujeres zamoranas, por lo tanto, se ven obligadas a acudir a otra provincia para acceder a un aborto. Y las cifras demuestran, además, que la inmensa mayoría de ellas fueron remitidas a un centro privado para practicar la intervención. De hecho, el 84% de los abortos realizados en el año 2020 fueron lejos de la sanidad pública. Una cuestión a la que quiere dar la vuelta ahora el Ministerio de Igualdad, que quiere blindar el derecho de las mujeres para que todos los centros públicos realicen estas interrupciones.
Uno de los principales escollos para la práctica de abortos es el derecho constitucional a la objeción de conciencia. En efecto, se trata de algo que debe ser garantizado para cada profesional que lo solicite, pero el Ministerio de Igualdad busca que este ejercicio no suponga un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer. Para ello se plantea diseñar un registro de profesionales sanitarios objetores, como el recogido en la ley de la eutanasia, lo que permitirá a los responsables sanitarios de las comunidades autónomas conocer y organizar sus recursos para garantizar la prestación en los hospitales de su red.
Además de asegurar que los centros públicos realizan abortos, el anteproyecto mantiene como objetivo principal eliminar la exigencia de autorización parental para que aborten las menores de 16 y 17 años, introducida por el Partido Popular en 2015. Las estadísticas oficiales no permiten saber cuántos abortos se realizan exactamente en esa franja de edad, que sí muestran que las tasas más elevadas corresponden a las mujeres en la veintena. De los 88.269 abortos notificados en 2020, 257 correspondieron a menores de 15 años y 8.407 a jóvenes de entre 15 y 19 años.
En la ley de 2010, con la que se garantizó el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, se estableció que el consentimiento para el aborto en el caso de las mujeres de 16 y 17 años les correspondía exclusivamente a ellas, aunque al menos uno de los progenitores o tutores debía ser informado, siempre que la menor no temiera violencia, amenazas o coacciones. Eso, ahora, pretende cambiar con las reformas introducidas.
