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La Opinión de Zamora

Exclusiva de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

La Junta reacciona: Una comisión interconsejerías estudiará la forma de controlar las fotovoltaicas

La Junta de Castilla y León reconoce que “no tiene mucho sentido” instalar placas solares en los terrenos fértiles de la comunidad

Parque de placas solares en Zamora. | Emilio Fraile

La Junta de Castilla y León analizará en las próximas semanas qué armas posee para controlar la instalación de plantas fotovoltaicas en los terrenos de la comunidad autónoma. El titular de Agricultura del Gobierno regional, Gerardo Dueñas, confirmó en una conversación con este medio la creación de una comisión interconsejerías que evaluará el margen de acción del Ejecutivo para intervenir en una problemática que ha soliviantado a los habitantes de las comarcas afectadas. En lo que compete a Zamora, la zona de Tábara ya ha registrado algunas movilizaciones en las que los manifestantes han llegado a hablar de “invasión”, antes de exigir una implantación “coherente” de los parques solares.

En la misma línea, otros territorios ya están alzando la voz ante lo que consideran un grave ataque contra la agricultura, que ve cómo la llegada de este tipo de instalaciones puede ir en detrimento de las tierras de cultivo. En esa línea, el consejero del área se mostró comprensivo con la postura del grueso del sector y reconoció que hay cuestiones que, “efectivamente, no tienen mucho sentido”.

Dueñas aludió en particular a la pertinencia de evitar la instalación de estos parques en lugares en los que se hayan llevado a cabo inversiones de cierto calado con dinero público. Aquí, el consejero de Agricultura citó los esfuerzos realizados para acometer procesos modernizadores o transformadores en los regadíos, aunque no es este el único foco problemático.

En la misma situación se ven los terrenos donde se ha procedido a la concentración parcelaria, una tarea en la que la implicación autonómica también ha sido importante y decisiva. El consejero apuntó que existen formas de sortear el daño a los cultivos para ubicar este tipo de instalaciones, y dirigió la mirada directamente a los terrenos menos productivos.

En todo caso, lo que ahora se debe evaluar es de qué manera se pueden acotar las acciones de las empresas que apuestan por las renovables, a la vista de las facilidades que reciben para generar energías limpias. Lo que la Junta pretende dirimir con la comisión interconsejerías es qué clase de competencias posee a la hora de actuar en estos casos.

Placas solares en Zamora. | Emilio Fraile Manuel Herrera

Aquí, Gerardo Dueñas deslizó que la declaración de estas actividades como acciones de interés general supone un escollo ante su hipotético control. Esa condición podría habilitar a las empresas para ejecutar determinadas expropiaciones forzosas sobre las tierras de cultivo y plasmar así sus proyectos de paneles solares, un movimiento que podría resultar  perjudicial para un sector primario que se ve en un escenario de indefensión.

Dueñas dirigió la vista en ese punto hacia el Gobierno central, ante la posibilidad de que una parte relevante de la regulación dependa del ámbito estatal. En líneas generales, el consejero se salió poco de la senda que había marcado públicamente a comienzos de mayo. Su discurso va en el sentido de la prudencia, pero sin dejar de poner una cierta distancia con la instalación indiscriminada de parques solares. “Si hacemos caso de lo que ellos dicen, valdría con un porcentaje muy bajo de superficie”, recordó el responsable autonómico, que dejó entrever una vía para hacer factible la convivencia entre las fotovoltaicas y el desarrollo normal de los cultivos.

En todo caso, se antoja importante que la mediación de las instituciones llegue pronto, en aras de cortar un conflicto que amenaza con enconarse. En la citada manifestación celebrada en Tábara a comienzos de mayo, los asistentes reclamaron que la legislación vaya en el sentido de limitar estas instalaciones a los terrenos baldíos, y advirtieron del riesgo de entrar en esta dinámica: “¿Vamos a comer placas?”, se preguntaron.

Además, los manifestantes aludieron a la letra pequeña de los contratos para formalizar la cesión de los terrenos y deslizaron supuestas coacciones por parte de los promotores, una acusación que la empresa responsable negó de forma tajante: “Las expropiaciones son el último recurso”, aseveraron. Sea como fuere, el conflicto está servido y, consciente de ello, la Junta ha dado el primer paso para evaluar cuál puede ser su papel regulador en todo este asunto.

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