El Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León ha suspendido la licitación del contrato de Teleasistencia básica y avanzada puesto en marcha por la Consejería de Familia, debido a los tres recursos que se han interpuesto contra una de las medidas estrella del departamento que dirige la zamorana Isabel Blanco.
Se trata de un contrato importante, de 38,3 millones de euros que ha sido recurrido por la Federación Empresarial de la Dependencia, Asade (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio) y Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia)
Los recursos especiales en materia de contratación tienen varias coincidencias, fundamentalmente al atacar la obligatoriedad de que la sede del servicio se sitúe en “Valladolid o alguna de las localidades del alfoz” y en el hecho de que se haga un contrato único para toda la comunidad, cuando la prestación del servicio se hace por territorios y localidades y, por tanto, el contrato se podría haber fragmentado, siguiendo así las directrices de la Unión Europea con el fin de favorecer la libre concurrencia no sólo de las grandes sino de las pequeñas empresas.
Falta de justificación de la sede en Valladolid
Con respecto al primer punto los tres recursos coinciden en la falta de justificación de obligar a tener la sede en Valladolid, ya que perfectamente puede estar ubicada en cualquier otro punto de la comunidad e incluso fuera de ella. La Administración entiende que debe situarse cerca de la Consejería porque en la práctica será necesario un estrecho contacto entre concesionaria y el departamento de Isabel Blanco, pero ninguna de las entidades comparte este criterio, ya que desde la sede no se presta directamente el servicio a los usuarios sino que es el centro desde donde se coordina todo el servicio de teleasistencia.
Otro de los recursos indica que las mejoras de personas coordinadoras no deberían formar parte del contrato, sino ser personal de la Administración.
