El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora ha archivado el caso abierto contra Iberdrola por el vaciado de Ricobayo durante el mes de julio de 2021. El auto, que se conoció este miércoles, indica que las investigaciones practicadas durante los últimos meses concluyen la “inexistencia del ilícito penal objeto de la querella”, lo que conduce al sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias. Hay que recordar que a la empresa eléctrica se le imputaban determinados hechos que, según esta resolución, sí “podrían ser constitutivos de una infracción administrativa”.
Las actuaciones de este caso tienen origen en la denuncia registrada por el Club de Vela por un presunto delito contra el medio ambiente. En la demanda se ponía de manifiesto que Iberdrola “no solo suministra agua para la producción de energía eléctrica en las centrales de Ricobayo I y II, sino que también sirve para los regadíos de la zona de Tábara y para el abastecimiento de agua de los pueblos ribereños del embalse”, más allá de bañar “todas las zonas recreativas existentes en torno al embalse, incluida la playa de Ricobayo”.
La argumentación de los denunciantes
En la argumentación de los denunciantes se narraba, a su vez, cómo el embalse se encontraba al 60% de su capacidad a comienzos de julio de 2021, una circunstancia que cambió en la última semana del citado mes como consecuencia de “una producción masiva de energía que coincidió con los momentos del precio más elevado de la luz en el mercado”. El planteamiento de la querella se basaba en que ese proceso había constituido “un enriquecimiento ilícito por parte de la compañía que había perjudicado a los consumidores”.
Además, la denuncia hablaba de un descenso del nivel del embalse que alcanzó el 12% el 31 de julio de 2021, un hecho que, a juicio de los querellantes, supuso “daños irreparables para la fauna y la flora del embalse”. Ese argumento encuentra una respuesta clara en la sentencia: “De las pruebas practicadas en las diligencias se desprende acreditado que los hechos carecen de reproche penal”.
El auto indica que “si bien se puede manifestar que ha existido un descenso importante de las aguas, de ello no se aprecia una afección grave que atente contra el medio ambiente o la fauna que ella alberga, al no tener constancia ni observar muerte existente”.
Del mismo modo, el contenido de la sentencia rechaza que haya conocimiento sobre el desabastecimiento de poblaciones, y únicamente considera que se pueden haber visto afectadas por el vaciado la captación de la Urbanización del Esla y la dehesa de Valdellope, “que no dispone de riego para sus fincas”.
“El descenso del nivel del agua puede afectar al resultado de las cosechas, principalmente en las dehesas"
En consecuencia, “el descenso del nivel del agua puede afectar al resultado de las cosechas, principalmente en las dehesas, y a las actividades relacionadas con las embarcaciones de recreo”. Por tanto, la resolución señala que, si se prueban esos daños, podría existir “una responsabilidad patrimonial que debe depurarse por vía administrativa”, pero en ningún caso por la vía penal, aunque los denunciantes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso.
El sobreseimiento de la causa llega después de que la Confederación Hidrográfica del Duero confirmara al juzgado que no veía infracción en las actuaciones llevadas a cabo por Iberdrola el verano pasado, un vaciado que causó un hondo malestar entre la población de la zona y que condujo primero a las movilizaciones y las manifestaciones en los pueblos y, más tarde, al inicio de contactos políticos y acciones legales para contrarrestar la indefensión de los afectados.
La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se posicionó en contra de lo sucedido el pasado verano en Ricobayo, una actuación que llegó a calificar de “barbaridad”. La responsable del Ejecutivo acusó de “mala praxis” a Iberdrola y finalmente, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.
El informe solicitado como parte de dicha investigación concluyó que la hidroeléctrica no vulneró la legislación ni se salió de las condiciones del contrato al aprovechar casi todo el agua del embalse para producir electricidad en los dos primeros meses del verano.
Sin embargo, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero recalcaron recientemente que lo acaecido el pasado verano “no se podría repetir en el futuro”, ya que Ribera impulsó un cambio legislativo a raíz de lo sucedido en Ricobayo y otros embalses en cuyos entornos también se produjeron protestas en la etapa estival.
