El Foro por la Memoria de Zamora se ha unido al resto de asociaciones de Castilla y León sobre los cambios en la ley puestos en marcha por el Partido Popular y Vox. Una vez confirmada la aceptación por parte del PP de Castilla y León de la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de la Ley de Concordia, las asociaciones memorialistas castellano y leonesas manifiestan su "indignación y rechazo" a un pacto que supone "un ataque frontal contra derechos fundamentales y la claudicación por parte del Partido Popular ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco", lamentan.
La creación de una Ley de Concordia anularía el Decreto de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango. Con ello, la memoria histórica regional estaría regida por dicha Ley. "Basados en las declaraciones previas en materia memorialista del partido ultraderechista", las asociaciones castellanoleonesas consideran "el demagógico uso de la concordia como un ataque a los derechos de las víctimas y sus familias y una actitud contraria a los derechos humanos. Tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo", advierten.
Sin resistencia
Desde la agrupación se recuerda que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido. "Aun así, hay unos 15.000 civiles, entre maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales o trabajadores de la comunicación, víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización", explican.
Numerosos familiares de desaparecidos se han puesto en contacto con las asociaciones memorialistas ante el temor de que no continúe la búsqueda de las víctimas. "Las asociaciones memorialistas llevan años de esfuerzo personal y económico, y nunca han permitido que paguen las familias por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado. Siempre se ha actuado habiendo o no fondos para la Memoria Histórica, y eso va a continuar así. El movimiento social no se va a detener y el trabajo por los derechos humanos tampoco", subrayan.
Una medida "lamentable"
Las asociaciones memorialistas de Castilla y León consideran lamentable la anulación de los decretos sociales que exige Vox. Las afirmaciones de este partido sobre la derogación del Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León reflejan lo que es Vox, al poner el foco en provocar y en destruir derechos fundamentales, no en el bienestar de los castellano y leoneses. "El decreto era muy insuficiente y lejano de las necesidades de las víctimas y de las demandas del movimiento memorialista. Pero, desde luego, la voluntad de eliminarlo está inspirada en proseguir una dirección totalmente opuesta a dichas necesidades y demandas", señalan.
