La adolescente investigada por su posible implicación en el apuñalamiento de su abuela de 69 en Villarrín permanecerá tres meses más en un centro especial de A Coruña -ciudad en la que reside habitualmente-, una medida cautelar que el juez no podrá prolongar por más tiempo porque la Ley del Menor limita a 9 meses el tiempo máximo.
Se da la circunstancia de que la nieta de la víctima ya ha cumplido seis meses en el centro, por lo que de no tener pruebas más contundentes sobre su posible participación en la agresión con cuchillos que sufrió su abuela el 30 de agosto de 2021, el juez tendría que dejarla en libertad aunque se la mantenga la condición de investigada en el intento de homicidio del que la Fiscalía Provincial acusa a su novio.
La decisión judicial se ha tomado a la espera de disponer del resultado del análisis de las pruebas recogidas en la vivienda de Villarrín, en la que la víctima del apuñalamiento fue sorprendida cuando dormía, de madrugada, por el joven de 19 años cubierto con un pasamontañas y armado con un cuchillo.
El ataque causó heridas de gravedad a la víctima que permaneció en la UCI del Hospital Virgen de la Concha durante horas. El agresor resultó ser la pareja de su nieta, con la que la mujer estaba pasando unos días de vacaciones en la localidad zamorana.
La policía judicial de la Guardia Civil de Zamora recogió, a aparte del arma con el que se perpetró el apuñalamiento, muestras de sangre que permiten determinar el ADN de la persona a la que pertenece, así como otros elementos que pueden contener material genético para ayudar a esclarecer si la menor intervino o no en el ataque y si pudo presenciarlo.
De ese extremo parecen existir indicios, puesto que el avance de la investigación dirigida por la jueza de Villalpando habría variado el contexto en el que se habría producido la agresión. Las nuevas hipótesis apuntarían a que pudo haber cierta complicidad entre la menor y el principal acusado a la hora de decidir cómo llevar a cabo la agresión e, incluso, el grado de implicación de esta en el ataque que podría haber terminado con la vida de la mujer de 69 años, según fuentes próximas al caso.
Las pruebas, en el Instituto Nacional de Toxicología
Más de seis meses llevan las pruebas recogidas por la Guardia Civil de Zamora que investiga el intento de homicidio de la vecina de Villarrín esperando su turno para que el Instituto Nacional de Toxicología las analice y pueda extraer conclusiones que arrojen luz sobre la investigación que dirige el Juzgado de Villalpando.
La prioridad que se da a lo casos en los que la víctima ha fallecido impide que se agilice el examen de los vestigios aportados a las diligencias, de los que se espera que ayuden a despejar las dudas del grado de participación de la nieta de la víctima en una ataque por sorpresa y cuando la mujer se hallaba durmiendo en su casa.
Se trata de una agresión que la pareja de su nieta confesó, lo que permitió a la juez decretar su libertad bajo fianza de 5.000 euros, medida en la que también influyó que el joven de 19 años actuara bajo la “limitación de facultades mentales, volitivas y cognitivas”, explicó su abogado.
