La Opinión de Zamora

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Juicios en Zamora

12 imputados y 80 testigos: el del fraude de la sal será el juicio más largo de la Audiencia de Zamora

Los investigados se enfrentan a delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra Hacienda por los hechos sucedidos entre los años 2004 y 2011

Parte las cajas que contienen el sumario del caso del fraude a Fomento en dependencias. |

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha formado ya sala para juzgar en otoño el caso del fraude de sal al Ministerio de Fomento en el que se imputa a 12 personas, un macrojuicio que será, con mucho, el más largo de los celebrados en la historia de la Audiencia Provincial, con 80 testigos que pasarán por la sala de lo criminal para prestar declaración durante mes y medio.

En el banquillo de los acusados se sentaran casi doce años después de iniciarse la investigación judicial, altos funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora entre 2004 y 2011, responsables y empleados de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de carreteras nacionales en la comarca de Sanabria, en el sector ZA-4, a cargo de la UTE Rionegro adjudicataria en ese periodo.

La causa incluye una “ingente pluralidad de hechos ilícitos que se juzgan”, según apuntan fuentes próximas a la causa. Estas infracciones penales van desde el cohecho al tráfico de influencias o defraudación a Hacienda, ilegalidades que se habrían cometido.

El Tribunal que celebrará la vista oral estará presidido por la titular del Juzgado de lo Penal de Zamora, por la nueva magistrada de la Audiencia Provincial y por la sustituta designada para este órgano, quienes tendrán que estudiar los 10.000 folios que conforman una causa especialmente compleja por la cantidad de delitos que deben ventilarse.

Los recursos presentados por los imputados han dilatado el procedimiento de esta pieza principal cuya investigación inició el Juzgado de Puebla de Sanabria en 2012.

La recusación de todos los magistrados de la Audiencia de Zamora presentada por ocho imputados, entre ellos la UTE Rionegro, sus responsables, algún trabajador, y el entonces director de la Unidad Provincial de Carreteras, de iniciales E.M.A, fue admitida por el TSJ. Se apartó de este juicio a los titulares de la Audiencia por estar “contaminados” al haber resuelto un importante número de recursos sobre estas diligencias que precisaron de un profundo análisis de la causa, como cuando confirmaron el procesamiento de los acusados en noviembre de 2018.

Ese fue el último auto respecto de este procedimiento y requirió un estudio en profundidad del caso antes de decidir si existían suficientes indicios como para sentar en el banquillo de los acusados a 15 imputados y exonerar solo a uno de los encargados de la UTE, al investigado de iniciales M.G.F., que dejó de trabajar en 2007. Otros dos procesados admitieron los hechos que se les imputaban y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Provincial, lo que explica que el juicio se celebre ahora solo contra 12 encausados.

Recurso de apelación

Asimismo, tuvieron que decidir sobre el recurso de apelación de uno de los acusados contra su imputación, por lo que “realizaron un juicio de culpabilidad” que les obligó a valorar pruebas para poder reafirmar su decisión anterior, exponía el TSJ para apartarlos del juicio.

Como consecuencia, el TSJ concluyó que los magistrados titulares de la Audiencia, entonces aún presidida por Jesús Pérez Serna, tienen su “imparcialidad objetiva” dañada para poder juzgar el caso. El TSJ admitió la recusación por la obligación de “evitar la vulneración” del derecho a “un proceso justo”, que se pierde cuando el juez que ha dictado resolución en un determinado asunto”, “o en otro referido a los mismos hechos”, “puede sospecharse que ya ha formado criterio o pre-juicio sobre el mismo”. La incorporación de la magistrada que ocupa la vacante de Pérez Serna ha facilitado el nombramiento de la nueva sala sin tener que acudir a otras audiencias provinciales.

Facturas del producto

El presunto engorde de facturas del fundente, para el que trabajadores de la UTE se habrían “compinchado” con empresas es uno de los delitos que se juzga. Incluso, el sumario recoge literalmente que un empleado de la concesionaria, el delegado de obra y jefe de conservación, cuyas iniciales son E.J.R.G., “promovió la constitución de la empresa Edype con familiares (dos primos), con la finalidad de facturar una gran cantidad de sal”, mayor a “la que realmente traían los camiones” y que, “en muchos casos, duplicaba la adquirida” por esa firma.

Trabajadores de la adjudicataria testificaron en su día en el Juzgado de Puebla que el fraude también tenía que ver con la calidad de la sal, que procedería de saladeros de Portugal, lo que explicaría la presencia de “cabezas y espinas” y el “fuerte olor a pescado” que desprendía.

Otras presuntas ilegalidades que valorarán las magistradas es la venta de chatarra procedería del mantenimiento de las vías estatales de la zona, y la enajenación de biondas en buen estado que se habrían repuesto apenas un año antes en la N-525 y se habrían levantado.

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