La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ, los antiguos secretarios judiciales) obligó ayer a suspender juicios en varios órganos de la capital, a pesar de la imposición de unos servicios mínimos que obstaculizaron el seguimiento de la movilización, según fuentes próximas al colectivo.

En los juzgados de la provincia la repercusión fue menor al estar de guardia todos, indican las mismas fuentes. Los LAJ exigen una respuesta del Ministerio de Justicia para mejorar sus condiciones laborales, como vienen pidiendo “desde hace diez años”, apunta la Unión Progresista Secretarios Judiciales (UPSJ) convocante, a la que se ha sumado la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Los funcionarios recuerdan que “estamos asumiendo más funciones desde hace diez años y esperando que sean retribuidas”, al tiempo que subrayan su cooperación en la reforma de la Justicia, “descargando al juez de muchas funciones que antes tenía”, abundan desde la UPSJ.

Luchan por “la adecuación salarial, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021” para remunerar esas funciones que siguen desempeñando, recalca UPSJ, a pesar de no percibir ningún ingreso por ello.

La movilización convocada para los días 9 y 10 de marzo sirve para reclamar la presencia directa de las asociaciones profesionales a las que pertenecen en la negociación colectiva, en la actualidad en manos de los sindicatos por los que sostienen no estar representados, “traicionan nuestros intereses para obtener un beneficio propio”.

En esa postura sindical está el origen del paro. Con estas movilizaciones tratan de demostrar que “somos una pieza clave y que sin nosotros la justicia se para”. La huelga, que tendrá continuidad en abril, los días 5, 6 y 7, fue secundada en Zamora también por funcionarios que pertenecen al Colegio de Secretarios Judiciales (COSEJU) que se opone a estas medidas de presión.