La Audiencia de Zamora reduce a prácticamente a la mitad las indemnizaciones a los transportistas afectados por el cártel de fabricantes de camiones que favoreció un sobreprecio de venta respecto del valor real de mercado del artículo, al estimar que resulta muy complejo técnicamente establecer si, como sostienen los transportistas, el fraude se situaba entre el 15% y el 20% del coste final de los vehículos.

De modo que, deja en un 10% ese porcentaje en el que se traduciría el sobrecoste de los camiones, más el pago de los intereses de demora desde que se produce la reclamación judicial, en lugar de contar desde la fecha en la que se hace efectivo el pago del vehículo. La Audiencia justifica esa complejidad en la amplia horquilla en la que se mueven las reparaciones impuestas por otros tribunales provinciales, partiendo de un sobre coste de entre el 5% y el 20,70%. Incluso se remite a los porcentajes establecidos por tribunales extranjeros, que sentencian en base a porcentajes de daños al comprador de entre 7% y el 9%.

Los magistrados zamoranos basan su decisión tanto en “la dificultad probatoria” de la cuantía cobrada de más respecto del daño concreto causado como en factores recogidos por el Tribunal Supremo como “la heterogeneidad del producto final”; “las características del mercado de camiones”; y la política de “enormes descuentos aplicados”. Asimismo, aluden a “la naturaleza del cártel” que intercambió información para establecer precios pero no fijó uno concreto.

El fraude fue ideado por diversas marcas, en concreto DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, MAN y Renault-Volvo , cuyos fabricantes se pusieron de acuerdo para “cobrar sobreprecios ilegales a sus clientes”, según la sentencia del Tribunal de la UE que abrió la puerta a las reclamaciones judiciales. En la provincia, los afectados adquirieron a los fabricantes unos 1.300 camiones matriculados entre 1997 y 2011, según el número de tarjetas que tenía registradas en ese periodo el Ministerio de Fomento.

Los fabricantes alteraron “la libre competencia en el mercado europeo”, según la sentencia europea. El precio de los vehículos, en función de la marca, se situaba sin IVA entre los 70.000 euros y los 87.000 euros, como uno de los adquiridos en 2004, un Renault Magnum, por uno de los damnificados zamoranos. La trascendencia del fraude fue de tal envergadura que la Confederación de Empresas de Transportes de Mercancías, a la que pertenece la patronal de Zamora, Asetramdiza, llegó a acuerdos con bufetes de abogados para que los socios pudieran afrontar el gasto judicial.