El 2021 despidió la crónica de sucesos con una esperada noticia: la condena a prisión permanente revisable y a 17 años más de cárcel del asesino y violador de la joven zamorana Laura Luelmo, Bernardo Montoya, de 53 años, juzgado por un jurado popular y sentenciado por la Audiencia de Huelva casi un año después de que segara a golpes la vida de la joven, tras raptarla la tarde del 12 de diciembre de 2018 en la localidad onubense de El Campillo.
La muerte de la profesora zamorana de 26 años ocurrió el 13 de diciembre de ese año, casi 27 horas después de que el criminal la abandonara aún con vida en un paraje de la cuenca minera de Riotinto, en “Las Mimbreras”, próximo a El Campillo donde asesino y víctima eran vecinos. Montoya cumplirá un mínimo de 25 años de cárcel por el asesinato antes de que se le revise la prisión permanente y, en el caso poco probable de que se le deje en libertad por ese delito, deberá permanecer otros 17 años más en presidio por la agresión sexual y la detención ilegal de la joven, según la sentencia dada a conocer el 19 de diciembre de 2021.
El jurado popular admitió todas las circunstancias agravantes que conlleva el asesinato: el ensañamiento con la víctima y la reincidencia (mató a machetazos a una anciana en 1997); y la de género por la violación (delito contra la mujer por el hecho de serlo). La sentencia del presidente de la Audiencia, el magistrado Florentino Ruiz Yamuza, que presidió el juicio durante una semana, recoge la medida de libertad vigilada al condenado durante 20 años si sale de la cárcel. El país entero se conmocionó con la terrible noticia de la desaparición de la profesora zamorana y posterior crimen perpetrado por Montoya, en libertad condicional hacía mes y medio. El terrible suceso volvió a traer a debate sobre la cadena perpetua y la prisión permanente.
El último mes del año comenzó con una noticia impactante para la provincia, que lanzó a la primera línea de actualidad a todo un personaje de la política y la hostelería de Zamora, a Cecilio Lera Blanco, acusado de un delito de inducción a la prostitución de una menor de edad de 15 años, hija de unos amigos íntimos y vecina de Castoverde de Campos, pueblo del que es alcalde por el PSOE desde hace 42 años. Expulsado del partido tras la condena por pegar a un ciudadano y por un delito en el ámbito familiar, se encuentra en prisión provisional y sin fianza desde el 30 de noviembre investigado por ofrecer más de 200 euros a la adolescente a cambio de sexo.
La crónica de tribunales se iniciaba en 2021 con la investigación del posible delito de corrupción cometido por el responsable del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega, y la pieza separada abierta al Grupo Raga, adjudicatario del servicio por un posible fraude a la institución local de casi el millón de euros, entre otros delitos. Junto al funcionario está acusada una empresaria gallega, propietaria de Iocus Romina, que admitió repartirse con Alberto Vega comisiones de las obras que le adjudicaba de forma directa. Entre ambas causas, hay siete imputados y se está a la espera de que la jueza determine la responsabilidad penal de los dueños de Raga.
Los juzgados acaban de recibir otra denuncia del Ayuntamiento, dirigido por Francisco Guarido como alcalde de IU, esta sobre presuntas ilegalidades en la gestión del servicio de recogida de Basuras y Limpieza viaria por un posible fraude de 10 millones de euros en la gestión del responsable del servicio y de la Zamora Limpia, la adjudicataria.
La recusación de todos los magistrados de la Audiencia de Zamora en el juicio de otro caso de posible fraude a la Administración, al Ministerio de Fomento, la trama de la Sal, impidió la celebración del juicio previsto para a final de 2021. Un caso que imputa a 15 técnicos, funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora; y trabajadores y responsables de la concesionaria del mantenimiento de carreteras Sanabria-Carballeda entre 2012 y 2017, la UTE Rionegro. La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León requiere del nombramiento de tres magistrados de otras audiencias para celebrar la vista oral.
Delitos sexuales
La Audiencia condenó a tres hombres por delitos contra la libertad sexual de menores de edad, algunos de ellos familiares de la víctima, como el abuelo que abusó de su nieta cuando la niña tenía entre 11 y 15 años e iba a veranear a su casa de Villanueva de Valrojo, para el que fijó seis años de cárcel que no cumplirá por padecer un cáncer terminal. O al joven de 28 años que se metió en la cama con su prima de 15 años tras regresar de la fiesta del pueblo, Sarraín de Aliste, en junio de 2019, al que impuso cuatro años de reclusión que el TSJ dejó en dos, por lo que no ingresará en prisión. Permanecerá 6 años bajo vigilancia y no podrá acercarse a la prima ni a su familia a menos de 500 metros durante otros seis años, ni comunicarse con ellos.
La pena más dura al tratarse de violaciones a dos menores, fue de 27 años de cárcel y recayó sobre la pareja de una mujer que agredió sexualmente a las hijas en el domicilio familiar entre 2011 y 2017. Y amenazó a las menores con matar a la madre y la abuela si se lo contaban.
Sin embargo, un guardia civil quedaba absuelto de las agresiones sexuales a una menor, denunciado por la familia de la niña de 9 años por obligarle a practicar felaciones en el domicilio del agente cuando este estaba servicio en el cuartel de Puebla de Sanabria. Los informes forenses y del equipo psicosocial daban credibilidad al relato, pero las fechas de las agresiones no coincidían con la jornada laboral del agente, por lo que la Audiencia absolvió al procesado.
Las denuncias por agresión sexual han aumentado en los últimos años en Zamora debido a que las mujeres están perdiendo el miedo a acudir al juzgado. El último caso investigado, el de un hombre que mantuvo a una adolescente de 16 retenida desde los 12 años para violarla y maltratarla, según la denuncia. La adolescente, que tiene dos hijos del detenido, desapareció de un centro de menores y pudo ser rescatada de una localidad del Valle de Vidriales el 25 de noviembre de 2021 por la Guardia Civil, tras llamadas de alerta al 112.
