La vuelta a la presencialidad en los centros educativos en el pasado curso 2020-2021 está detrás del aumento de los casos de violencia en las aulas sufridos por los docentes, como se refleja en el informe del Defensor del Profesor en Castilla y León, entidad del sindicato ANPE que atendió en ese periodo un total de 59 denuncias, cifra superior a la de los 38 casos que se registraron en el curso 2019-2020, cuando en marzo, debido al inicio de la pandemia, se optó por la educación telemática.
De los mencionados 59 casos, la mayoría de ellos se dieron en Burgos (28,81%), seguida por Palencia y Segovia, con el 13,56% de los casos cada una. Tras León y Valladolid (10,17% de las denuncias) y Salamanca (8,47% de los casos) se sitúa Zamora, con el 6,78% de las denuncias totales, porcentaje que también alcanza Ávila. A la cola se queda Soria, con tan solo el 1,69% de las denuncias presentadas al organismo dependiente de ANPE.
Atendiendo además a las etapas educativas en las que se dan estas denuncias, la mayor parte de ellas se produjeron en la Educación Secundaria (38,99%), mientras que el 32,20% de las denuncias fueron de docente que ejercen en la Educación Primaria. Los ciclos menos conflictivos a este respecto son Educación Infantil y Formación Profesional, ambas con un 5,08% de los casos, sin tener registrado ningún caso en los ciclos formativos.
La intervención del Defensor del Profesor se realiza en tres ámbitos diferentes, teniendo en cuenta la relación que tienen los profesores con alumnos, con los padres y la interacción entre compañeros, ya sea con la administración, inspección o equipos directivos, entre otros. En este sentido, el 52,2% de las quejas se han dado en la relación directa con los estudiantes, donde las situaciones de conflictividad más frecuentes han sido las amenazas, seguidas de los daños a la propiedad del profesorado y situaciones de acoso y agresiones físicas al profesorado.
Otros registros significativos durante el curso pasado con los alumnos han sido el cyberbulling, las faltas de respeto a los docentes o las conductas agresivas entre alumnos. De todos los casos atendidos, el menor de los problemas ha sido la dificultad en la práctica docente, con tan solo el 1,69% del total de los casos.
En cuanto a los problemas relacionados con los padres de los estudiantes, estos suponen el 30,5% de todas las intervenciones realizadas. En este caso, las situaciones de acoso y la presión por las notas son los problemas más habituales, seguidos por las falsas acusaciones. En menor medida están el ciberacoso, las agresiones físicas, las denuncias y las faltas de respeto.
Por último, con respecto a los problemas surgidos en el propio entorno laboral, estos son los protagonistas del 17% de las consultas realizadas al Defensor del Profesor por los docentes, cuyas principales preocupaciones nacen de los casos de amenazas, agresiones físicas y daños contra la propiedad privada.
El incremento de casos de ansiedad lleva a mayores bajas médicas
El informe del Defensor del Profesor de ANPE deja patente también en el pasado curso 200-2021 un aumento notable de los casos de depresión entre los docentes de Castilla y León, así como de bajas médicas. De las consultas atendidas en este aspecto, un 74,58% se refieren a cuadros de ansiedad, un 8,47% a depresión y un 28,81% que finaliza en baja médica. “No podemos obviar que la salud mental del docente es crucial no solo en su individualidad, sino también para garantizar una educación de calidad”, subrayan desde la institución, desde donde también se recuerda que “las bajas laborales suponen costes adicionales para la administración, así como modificaciones en la trayectoria formativa del alumnado”.
Tras el análisis de todos los datos que se desprenden de este informe, el sindicato ANPE dicta una serie de propuestas de mejora “que permitan ofrecer una educación de calidad, así como el logro de un entorno laboral seguro para todos los docentes y el resto de personal que trabaja en los centros educativos”. Entre estas iniciativas, está el cumplimiento de los planes de convivencia y reglamentos de los centros —“especialmente en todo lo relativo al uso de las redes sociales y formación telemática”, subrayan—, poner en marcha programas de prevención de acoso escolar que contemplen un plan de formación para profesorado para la prevención de conflictos, adecuada asistencia jurídica y psicológica gratuita a docentes agredidos o un compromiso por parte de la administración para rehabilitar a alumnos agresores.
