Raga podría no librarse de abonar el millón de euros de fianza solidaria que solicita el Ayuntamiento de Zamora por el presunto fraude de un millón de euros en el caso de Parques y Jardines, de acuerdo con el auto de la jueza que investiga el presunto fraude al Ayuntamiento de Zamora por presuntas ilegalidades en la gestión del servicio y que mantiene que la empresa puede ser responsable penalmente de lo acutado por las personas físicas "que la representan y dirigen".
La instructora rechaza las alegaciones del Grupo Raga y no descarta, pues, la responsabilidad penal de los nuevos dueños en la causa iniciada en octubre del año pasado, 2021, en la que llama a declarar a algún representante legal. El auto judicial subraya que la empresa, es decir, la persona jurídica, no solo puede tener responsabilidad civil, como venía a admitir Raga en sus alegaciones, sino que “puede resultar responsable penalmente por los hechos realizados por las personas físicas”, los responsables, “que la representan y dirigen”.
En ese sentido, subraya la importancia de que preste declaración alguno de los responsable legales actuales de la adjudicataria, al objeto de poder depurar las posibles conductas penales en que pudiera haber incurrido la sociedad. Todo ello, independientemente de quienes administraran la sociedad cuando se estima que pudieron cometerse los delitos denunciados por el Consistorio. En la actualidad, dos de los excargos de Raga están siendo investigados: el director ejecutivo y consejero de la sociedad, de iniciales G.R.G.; y el responsable de la zona noroeste, A.G.I., ambos acusados tras declarar en el Juzgado.
Grupo Raga II se ve, pues, implicado de lleno en las diligencias judiciales iniciadas a raíz de la investigación abierta al jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, por su gestión al frente del servicio, una pieza separada que también afecta al funcionario municipal, investigado por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos; falsedad en documento público; fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras relacionadas con Parques y Jardines durante los últimos tres lustros. El empleado municipal está en libertad bajo fianza de 60.000 euros por la denuncia que efectuó el Ayuntamiento ante la Fiscalía, que esta remitió al Juzgado por entender que los posibles delitos que podría haber cometido Vega Vicente estaban relacionadas con la investigación que ya dirigía la jueza.
La Audiencia analiza la causa, tras recibir un recurso
La Audiencia de Zamora tiene la última palabra sobre la continuidad de la investigación contra el Grupo Raga por el presunto fraude de 981.246,78 euros al Ayuntamiento de Zamora a través del servicio de Parques y Jardines de la que era adjudicataria. Los magistrados analizarán si los nuevos titulares “heredarían” las responsabilidad penal de Raga por las presuntas ilegalidades cometidas al realizar obras en zonas verdes y parques infantiles de la capital adjudicadas por el Ayuntamiento al margen de la contrata. La indagación policial concluía, en base a pruebas y testimonios de empleados del servicio municipal, que la empresa llevaba a cabo esos proyectos con el mismo personal y material de Parques y Jardines, lo que está prohibido expresamente por el contrato del servicio municipal. Las presuntas ilegalidades se extenderían a los trabajos de valoración.
Los nuevos propietarios, que admiten que podrían tener responsabilidad civil por esas actuaciones, descartan, sin embargo, tener que responder de la comisión de esos posibles delitos que suponen un fraude a la Administración local, un extremo que rechazan la Fiscalía y la jueza que investiga esta causa, que ha llamado a declarar como investigado a alguno de los representantes legales de la empresa.
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