El cazador zamorano investigado por el ahorcamiento de un galgo con chip hallado por la Guardia Civil en el municipio de El Maderal tendrá que justificar el paradero de otros 20 perros que tiene a su nombre, a petición del Juzgado que investiga al hombre por un delito de maltrato animal. Al parecer, la mayoría estarían destinados a la actividad cinegética.

En la actualidad, según la información a la que ha tenido acceso este diario, solo cuatro de esa veintena de canes están vivos, por lo que el acusado deberá de entregar documentación también sobre el resto para demostrar que disponían de su correspondiente identificación, el número de microchip y justificante de que estaban vacunados, así como que cada uno tenía su cartilla sanitaria supervisada por un veterinario. El hombre deberá acreditar cuál fue el destino de esos animales que ya no están en su poder: si los vendió, los cedió o los tuvo que sacrificar bajo la supervisión veterinaria correspondiente.

Al parecer, algunos de esos perros habrían fallecido, sin que haya trascendido el número exacto de ellos que terminaron muertos ni las causas del óbito, según ha podido saber este diario. La inspección del Seprona de una propiedad del investigado donde tenía otros cánidos dio origen a la denuncia por irregularidades en la vacunación, la desparasitación, el censo y la falta de identificación de varios de esos animales, de acuerdo con la información facilitad por la Guardia Civil en diciembre pasado.

Precisamente, fueron efectivos del puesto de Venialbo los que descubrieron el listado de perros que figuraban registrados a nombre del investigado por el posible delito de maltrato animal, tras comprobar que era el titular del galgo muerto que localizaron a primeros de diciembre con una cuerda al cuello con nudo corredizo y en avanzado estado de descomposición, abandonado en el paraje de “Las Mansas”, cerca de un pinar situado en la localidad de El Maderal. Agentes del Seprona identificaron los restos del animal como pertenecientes a un perro de raza galgo y concluyeron que la soga podría indicar que el animal fue ahorcado, sacrificado posiblemente por su propietario. De probarse esta circunstancia y demostrarse que el autor del delito es el zamorano investigado por el Jugado, la Fiscalía Provincial podría solicitar hasta dos años de prisión o una multa de ocho a veinticuatro meses. Las diligencias judiciales están en el inicio de la investigación, a expensas de que el acusado aporte toda la documentación que se le ha exigido para determinar el paradero de, al menos, 16 canes desaparecidos.