Cecilio Lera Blanco, el alcalde de Castroverde de Campos, se mantendrá en prisión preventiva como investigado por un delito de inducción a la prostitución de una menor, salvo que ingrese en un centro de desintoxicación del alcoholismo que padece y en régimen cerrado, lo que permitiría a la Audiencia de Zamora reconsiderar su postura.

A expensas de que el acusado demuestre que se sometería a ese tratamiento, el Tribunal provincial deniega la libertad provisional solicitada en aras de “garantizar la seguridad de la víctima”, de 15 años de edad, a la que Lera Blanco venía acosando desde hacía meses, según declaró la menor, hija de un matrimonio amigo del alcalde de la localidad terracampina y exmilitante socialista.

“Evitar el riesgo de reiteración delictiva” del acusado, que ingresó en Topas el 30 de noviembre de este 2021, es la otra razón por la que los magistrados confirman el auto de prisión de la jueza de Villalpando. Y para sustentar su decisión aluden al incumplimiento de la medida de deshabituación del alcohol que la magistrada del Juzgado de lo Penal le había impuesto en otro procedimiento en el que se le juzgó por violencia de género y amenazas, pero del que fue absuelto por la eximente completa de embriaguez.

El conocido regidor municipal había delinquido completamente ebrio en esa ocasión, por lo que resultó inimputable y, por tanto, no se le pudo imponer ninguna condena. Sin embargo, incumplió la medida, al menos, desde el verano, como confirman vecinos de Castroverde que se lo encontraban fuera de sí en las calles, completamente enajenado por el consumo de bebidas alcohólicas.

El regidor municipal seguía un tratamiento ambulatorio para dejar de beber por esa orden judicial. El día en el que se dirigió a la menor había estado en el bar, donde se encontraron por casualidad, según consta en las diligencias abiertas en el Juzgado de Villalpando, tras la denuncia de los padres de la adolescente, a la que vendría acosando durante meses hasta que ese 24 de noviembre, a las 16.00 horas, Lera Blanco la siguió cuando dejó el establecimiento hostelero para proponerle, ya en la calle, dinero, más 200 euros, a cambio de que mantuviera sexo con él.

Los magistrados de la Audiencia se retrotraen a esa denuncia para indicar que, en esa fecha, a pesar de estar vigente la medida impuesta por el Juzgado de lo Penal para que Lera Blanco se recuperara del alcoholismo que padece, “el tratamiento prescrito no evitó la ingesta de bebidas alcohólicas”. Ni “una conducta como la que ha dado lugar” al presunto delito de inducción a la prostitución de una menor que la Fiscalía le imputa.

Tal suceso lleva a los magistrados a concluir que la medida más adecuada para la rehabilitación del acusado ha quedado probado que no es la de seguir un tratamiento psiquiátrico y médico ambulatorio para su rehabilitación como estaba haciendo, dada su “condición alcohólico”, acreditada con informes médicos.

Esa alternativa para poder salir de Topas pasaría porque el mandatario municipal de Castroverde “se sometiera a otro tipo de tratamiento”, como “en un centro de deshabituación que hiciera compatible su situación con los derechos a la libertad y seguridad de la víctima”, preferiblemente con internamiento del investigado.

El auto de la Audiencia trata de impedir que vuelva a haber un riesgo de que Lera Blanco vuelva a cometer el mismo delito, a repetir la conducta con la que venía acosando sexualmente a la adolescente, según habría relatado en su declaración ante la jueza la presunta víctima, cuya protección es prioritaria al tratarse de una menor de edad. La prisión provisional obedece, precisamente a ese fin de preservar los derechos constitucionales de la adolescentes e impedir que el investigado pueda atentar contra ellos.

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