Desde que un coche se la llevó por delante a la puerta de su casa y le partió la cadera en febrero de 2017, la vida laboral de esta zamorana, limpiadora, se ha convertido en un infierno, del que estuvo a punto de salir cuando el Juzgado de lo Social de Zamora acordó su jubilación por sentencia. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados en tan solo 8 meses, los que tardó el INSS en ganar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que obligó a esta mujer de 58 años, con 41 cotizados, a reincorporarse a su puesto de trabajo en el Sacyl de Zamora.

Para entonces la discapacidad del 33% que ha marcado su actividad como trabajadora de la limpieza se había incrementado hasta el 65%. A la malformación congénita de la mano izquierda, en la que solo tiene dos dedos para hacer pinza y que “nunca me dio problemas” antes del accidente de tráfico, se suma la discapacidad física que le causó el atropello sufrido en la localidad próxima a Zamora donde tiene su casa aquel 15 de febrero de 2017.

A los 14 meses, tuvo que reincorporarse a su puesto de trabajo por orden del tribunal médico del INSS, concreta la zamorana, que prefiere mantenerse en el anonimato. “Yo quería volver a trabajar, rehabilitarme para incorporarme”, tal es así que acudió a la sanidad privada porque la Seguridad Social solo le había dado un mes de terapia, tras la operación de cadera. Pero le resulta imposible: las bajas médicas han sido continuas. En esas circunstancias se encontraba cuando el TSJ resolvió retirarle la jubilación. “Me vi obligada a trabajar ayudada por una muleta que manejo con la mano derecha”, un apoyo esencial para mantenerse en pie por la lesión de cadera que requirió de la colocación de una prótesis. El nervio ciático le quedó tocado de por vida por el atropello.

Los informes médicos que aportó para solicitar la jubilación describen con claridad meridiana que “no puedo prescindir de la muleta”. Cada jornada laboral de 7 horas se convierte en una tortura, ya que no ha logrado que se le adapte el puesto de trabajo o que se le asignen tareas que no supongan casi un imposible por la doble discapacidad física que padece, que le ha obligado “a pedir bajas porque afrontar el trabajo”, permanecer de pie o sentada mucho tiempo es una auténtica proeza por los dolores continuos, “no puedo coger pesos, ni ponerme guantes en las manos”. De hecho, a los tres meses de reincorporarse tras perder la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sufrió una lumbalgia que le llevó a otra baja.

El desgaste de la cadera "sana" ya ha empezado a hacer mella en su salud, explica la empleada, a quien tuvo que absorber la empresa adjudicataria del servicio de limpieza del Scyl al volver a su puesto de trabajo en plena pandemia, tras disfrutar de una cortísima jubilación que confía en poder volver a recuperar. Esta empleada, fija de centro desde hace décadas, tampoco tuvo suerte con las tareas que le adjudicaron en pandemia, solo han perjudicado su discapacidad. “En julio del año pasado me ponen a pulverizar sillas” para desinfectarlas por el COVID, un trabajo que tiene que llevar a cabo con la única mano disponible y afectada por una discapacidad significativa.

El movimiento repetitivo terminó por dejarle el pulgar sin movilidad, una circunstancia que tampoco le ha alejado de unas ocupaciones que solo incrementan su desesperación por no poder cumplir con las funciones que pudo afrontar hasta que el accidente de tráfico le ató a una muleta. En la actualidad, solo espera el momento en el que pueda a acudir a los tribunales para tratar de reconducir su situación, para que la discapacidad que sufre vuelva a valorarse y se tengan en cuenta sus importantes limitaciones para desempeñar cualquier trabajo que no se adapte a sus condiciones físicas. Tendrá que esperar un año más como pueda en el trabajo. Tener una resolución favorable “solo depende de que empeore más”, dice resignada.