Los máximos representantes legales de Iberdrola y de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tendrán que comparecer, “en calidad de querellados”, ante la jueza que investiga un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vaciado del embalse de Ricobayo en julio de este año, 2021.

Las declaraciones, que se han fijado para el 16 de febrero de 2022 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zamora, se inscriben dentro de las diligencias abiertas, tras admitir a trámite la querella en la que se exigía una investigación al respecto, según el auto notificado el miércoles y contra el que cabe recurso.

La jueza explica en su disposición que las actuaciones llevadas a cabo “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, por lo que se requiere a los querellados para tratar de “determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos” y “las personas que en ellos han intervenido”.

La Confederación Hidrográfica deberá aportar, por otro lado, "las actas y acuerdos de la Comisión de Desembalses, con las recomendación y acuerdos de caudal mínimo hasta el 30 de septiembre de 2001 para Ricobayo I Y II (no para toda la cuenta del Duero)".

La instructora de la causa solicita a este organismo de gestión de la cuenca del río Duero que emita un “informe sobre el estado diario del embalse de Ricobayo desde el 31 de julio de 2021; que aporte las autorizaciones para desembalsar agua hasta dejar al 10%" la instalación, "y los motivos por los que se autorizó” esa actuación.

Por otro lado, la jueza insta al Ayuntamiento de Palacios del Pan a aportar un “informe sobre la falta de suministro de agua en dicho municipio ante la bajada del embalse y la rotura de las bombas de la toma de agua del embalse de Ricobayo, por la baja del embalse por Iberdrola”.

El alcalde de San Cebrián de Castro, Javier Aguado Hernández, deberá comparecer también el 16 de febrero en el Juzgado para “que aporte la sentencia que anula la prórroga de la concesión del embalse de Ricobayo”, uno de los argumentos que se esgrime en la querella impulsada por el expolítico centrista Luis Rodríguez San León, para cuya tramitación un grupo de ciudadanos ha tenido que pagar 3.000 euros de fianza, lo que les permite impulsar la acción popular.

Precio de la luz y consumo

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico deberá emitir otro informe sobre los precios de la luz en el mercado desde el uno de junio hasta el 28 de septiembre de 2021. La juez solicita otro sobre “el porcentaje de luz consumido en España” y producido por “los distintos medios” o fuentes de energía eléctrica, según el auto judicial.

El Ministerio debe concretar en otro documento “los megavatios producidos individualmente por los saltos del Duero desde el uno de junio y hasta el 31 de julio de 2021; y desde el 1 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2021”, así como “el coste de producción de los mismos, y a qué precio se vendieron dichos megavatios en el mercado”. Por último, la juez pide al Ministerio una “comparativa de la producción de energía eléctrica del embalse de Ricobayo entre el uno de junio y el 31 de julio de 2021”, y de idénticos periodos de tiempo relativos a la anualidades de 2020 y año 2019. Por último, debe elaborar un informe “sobre la demanda de energía eléctrica en dichas fechas, tanto del 2021 como del 2020 y del 2019”. La fianza servirá para asumir las posibles responsabilidades civiles por daños a la compañía y a la CHD si finalmente salen exoneradas del delito.

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