Los jueces de la Audiencia de Zamora están “contaminados” y su “imparcialidad objetiva” dañada a la hora de enjuiciar el caso del fraude de sal al Ministerio de Fomento, por lo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha decidido designar a tres magistrados de otras audiencias, aún por determinar, para que asuman la celebración del macrojuicio durante un mes y medio.
De modo que la recusación de todos los magistrados de la Audiencia de Zamora, salvo de su presidente Jesús Pérez Serna porque se jubila a final de este mismo mes de diciembre, ha sido admitida por el TSJ para dar la razón a ocho de los 12 imputados que la plantearon. Entre ellos, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de carreteras nacionales en la comarca de Sanabria, la UTE Rionegro, sus responsables y alguno de sus trabajadores, así como el exdirector de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora, de iniciales E.M.A, que ostentaba el cargo en los años investigados.
Esta decisión se sustenta en la multitud de recursos que ha tenido que ir resolviendo la Audiencia de Zamora para dar respuesta a los alegaciones de los 15 imputados en el caso, funcionarios de la Unidad de Carreteras del Estado y trabajadores de la empresa adjudicataria, la UTE Rionegro.
Los magistrados del Tribunal zamorano recibieron una auténtica retahíla de recursos que han dilatado el procedimiento de esta pieza principal del caso durante casi diez años desde que el Juzgado de Puebla de Sanabria iniciara la investigación en 2012 y la Audiencia zamorana confirmara el procesamiento de los acusados en noviembre de 2018.
Precisamente, esa última resolución supuso un estudio en profundidad de la causa judicial antes de decidir si existían suficientes indicios como para sentar en el banquillo de los acusados a los 15 imputados. Es en ese auto, en el que se exonera solo a uno de los encargados de la empresa por los delitos por los que se le encausó inicialmente.
Asimismo, los magistrados ahora apartados del juicio oral rechazaron el recurso de apelación de uno de los acusados contra su imputación, acto en el que el TSJ considera que “realizaron un juicio de culpabilidad” para lo que valoraron pruebas que les llevaron a reafirmar su decisión.
Por tanto, los magistrados zamoranos se han visto obligados en algún momento a estudiar alguno de esos recursos para después resolver a favor o en contra de lo que pedían los abogados de los encausados en la trama de la sal. Incluso, se llegó a exculpar a uno de los 15 imputados inicialmente, al encargados de la UTE, de iniciales M.G.F., que dejó de trabajar en 2007; otros dos admitieron los hechos que se les imputaba y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Provincial.
Tras esta determinación, la sala de Gobierno del TSJ será la encargada de decidir qué magistrados de fuera de Zamora formarán sala para determinar la condena o absolución de los 12 imputados que tendrán que responder de “la ingente pluralidad de hechos ilícitos que se juzgan”, explican fuentes judiciales consultadas.
La recusación de los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene tras de sí la obligación de “evitar la vulneración” de un derecho a “un proceso justo” que se pierde “cuando el juez, que dictado resolución en un determinado asunto”, “o en otro referido a los mismos hechos”, con lo que “puede sospecharse que ya ha formado criterio o pre-juicio sobre el mismo”. Este es el supuesto que el TSJ aplica a la intervención de los magistrados de la Audiencia en la resolución de sucesivos recursos presentados a lo largo de los ocho años de instrucción en la trama de la sal, el caso del fraude a Fomento.
Evitar la vulneración de un proceso justo y el “pre-juicio” por parte del juez recusado
Los magistrados del TSJ no dudan en apuntar que otra resolución podría llevar a cuestionar la parcialidad de los jueces la Audiencia zamorana, por lo que “incluso las apariencias pueden tener importancia”, expone el auto del Tribunal castellano y leonés para concretar de inmediato que de esas apariencias “depende la confianza que los tribunales, en una sociedad democrática, deben inspirar a los justiciables y, en especial, a los procesados”.
Una extensa y detallada argumentación del TSJ apuntala la “parcialidad” de los magistrados que impide que puedan enjuiciar a los 12 imputados en la trama de la sal durante un mes y medio, en una vista oral en la que participarán 11 abogados en la defensa; y la Fiscalía y el Abogado del Estado como acusación pública. Por el estrado pasarán más de 80 testigos, cinco peritos contables y caligráficos.
El procedimiento judicial está recogido en 10.000 folios, ocho piezas de convicción en las que se recogen pruebas sobre seis delitos que se imputan a los procesados: prevaricación continuada; estafa o, alternativamente, malversación de caudales públicos; fraude; delito continuado de cohecho; infidelidad en custodia de documentos; apropiación indebida o, alternativamente, malversación de caudales públicos.
