La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está ultimando su plan estratégico de gobernanza para frenar la despoblación rural que castiga a la macrorregión del sudeoeste europeo. Este territorio, en el que se encuentra Zamora, incluye al resto de la comunidad de Castilla y León; a Cantabria, Asturias y Galicia; y al centro y el norte de Portugal. Todos estos lugares están marcados por “un alto grado de ruralidad; el envejecimiento y la disminución de sus habitantes; y los desafíos asociados” a esa realidad, de ahí que la UE pretenda estimular sus proyectos de futuro.
En esa línea, la Comisión Europea financia el proyecto realizado por la OCDE y que tiene en el Gobierno de Castilla y León a uno de sus interlocutores principales. De hecho, el viernes pasado tuvo lugar una reunión de toda la macrorregión en la que participaron el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge.
La expectativa de ambos es que este espacio permita “coordinar esfuerzos y políticas en el interés común de defensa de los desafíos demográficos ante las instancias estatales y europeas”. El apoyo de la OCDE bajo el paraguas comunitario está facilitando una asistencia técnica que ha llevado a los expertos de la organización a visitar los territorios afectados durante los últimos 16 meses.
En ese recorrido, los representantes de la OCDE han visitado esos lugares, se han entrevistado con los actores locales y regionales y, finalmente, “han elaborado planes específicos para cada zona y un documento final” que servirá como eje común de las intervenciones, según informaron desde la propia Junta de Castilla y León.
Ya el año pasado, los representantes de las regiones expresaron su intención de “compartir conocimientos y establecer redes”, por lo que, a lo largo de este periodo, ha habido colaboración con los expertos, se han celebrado diversas sesiones de trabajo y se han confeccionado cuestionarios específicos con el objetivo de recopilar datos e intercambiar experiencias acerca de las mejores prácticas en la elaboración de políticas para el cambio demográfico.
Con estas cuestiones como telón de fondo, Calonge intervino en la reunión celebrada en Cantabria para remarcar que los retos demográficos “son una verdadera amenaza para Castilla y León, porque cuestionan la sostenibilidad financiera y política, toda vez que en muchas zonas se genera desafección, sentimiento de abandono y soledad, y falta de vinculación al proyecto político común”, una sensación compartida también por Francisco Igea.
Prestación de servicios al territorio
El propio vicepresidente añadió algunas reflexiones en relación a este asunto y volvió a citar “la necesidad de financiar la prestación de servicios al territorio, y no solamente a las personas”. Igea explicó que la Junta de Castilla y León ha de hacer frente al contexto de un territorio que supera los 94.000 metros cuadrados y que cuenta con grandes espacios naturales, lo que complica la puesta en marcha de redes de infraestructuras viarias, cobertura de telecomunicaciones o servicios de prevención de incendios, entre otras cosas.
Asimismo, Igea reconoció que las estrategias pasadas se abordaron con “indicadores fallidos” y advirtió sobre la necesidad de “poner el foco en la generación de empleo y en otros aspectos como llevar la cultura y otros recursos al medio rural”. El vicepresidente autonómico constató que “los jóvenes buscan trabajo, pero también opciones de ocio”, e incidió en la pertinencia de actuar bajo tres líneas que, a su juicio, se ajustan a lo que demanda la tierra.
La primera pata de esa nueva estrategia autonómica estará basada en la ley de dinamización demográfica que está elaborando Castilla y León y que facilitará que “toda la actividad de la Administración se oriente con el sesgo del reto demográfico; la segunda parte vendrá de la mano de la puesta en marcha de “una política migratoria más amable, con facilidades para la integración”; mientras que la tercera irá vinculada a “una nueva ordenación del territorio”. Zamora espera noticias desde su posición como la provincia más castigada por esta realidad en el siglo XXI.
